La Presidenta Michelle Bachelet promulgó este viernes la ley que perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia y que incluye mayores penas por delitos de colusión.
Bachelet apuntó a que esta ley busca impedir que se repitan "casos de personas, empresas y organizaciones que han traicionado la confianza de los chilenos y chilenas, buscando con malas prácticas obtener los beneficios que con un juego limpio en el mercado jamás lograrían", calificándola como una "respuesta contundente y severa" a los casos de colusión.
Entre las nuevas medidas, la Mandataria destacó que "las sanciones se hacen más estrictas y pueden llegar hasta al 30 por ciento de las ventas de la empresa que cometió la falta o al doble del beneficio económico. En casos de colusión, además, se podrá aplicar la sanción de no generar contratos con órganos estatales o con aporte Estatal, o no poder adjudicarse concesiones del Estado por 5 años".
"Chile no acepta ni la corrupción ni los abusos, porque el país necesita buenos mercados para un mejor desarrollo. Y con esta ley, hemos dado un paso contundente en esa dirección", dijo.
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, parlamentarios y empresarios acudieron a la firma del proyecto.
"Con la ley anterior jugamos bastante bien como institución de libre competencia, pero en una cancha de tierra. Los casos penales van a ser casos sucesivos que el Ministerio Público va a esperar a que efectivamente termine el procedimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia y después en la medida en que exista una querella por parte del fiscal nacional económico se inicie un procedimiento penal", recalcó Irarrázabal.
Por su parte, el presidente de la CPC, Alberto Salas, recalcó que "la colusión es algo muy malo para la libre competencia, unos pocos se coluden en perjuicio de miles de personas y por lo tanto eso afecta el corazón de nuestra sociedad y nuestro crecimiento armónico y con espacio para todos".
En tanto, el presidente de la organización de consumidores y usuarios, Stefan Larenas, destacó que "el tribunal una vez que llegue a un fallo condenatorio puede a su vez pronunciarse si es que amerita o no amerita acciones de compensación a los consumidores".
"Eso es algo que hasta el momento era absolutamente ajeno a las facultades del tribunal. Nosotros sabemos que hasta el día de hoy nunca ha pasado nada en relación a las indemnizaciones ni en las farmacias ni en los pollos", afirmó.