En El Primer Café, el economista pidió que la nueva institucionalidad busque "legitimidad ciudadana, para que no haya luego presión ciudadana que obligue a una intervención política".
El economista Guillermo Larraín, profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, dijo este jueves, en El Primer Café, que se debe "despolitizar" la evaluación ambiental.
La principal reforma del Gobierno para hacer frente a la denominada "permisología" avanzó ayer al Senado, tras una serie de modificaciones en aspectos clave durante su tramitación.
Luego de ocho meses de discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 131 votos a favor, el proyecto que crea el Sistema Inteligente de Permisos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, propone una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que busca disminuir entre un 30% y 70% el tiempo de tramitación de permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), con el objetivo de simplificar y agilizar dichos procesos.
El proyecto permitirá la aceleración de proyectos de diferente tipo y tamaño, sea de índole pública o privada, abarcando iniciativas vinculadas a MiPymes, como pequeños negocios y restaurantes, así como también otras de mayor envergadura, como aquellos pertenecientes a la industria minera o energética.
Destacan, entre estas medidas, la habilitación de declaraciones juradas y avisos en casos de bajo riesgo y las normas de procedimiento que dan aplicabilidad al silencio administrativo, estableciendo plazos máximos para resolver.
En medio de un debate sobre la "permisología", Larraín señaló que "la Heritage Foundation publica un indicador anual de fortaleza de los derechos de propiedad. Chile ha estado siempre en el número uno en fortaleza de los derechos de propiedad, ¿y cuándo empezó a caer Chile en su inversión? Fue cuando empezaron a intervenirse los procesos, por ejemplo, de calificación ambiental por razones políticas. Estoy hablando del caso Barrancones, el caso Dominga, que, con empresas que habiendo cumplido lo que la ley exigía, venía una intervención política e impedía el ejercicio de ese derecho de propiedad".
A juicio del exsuperintendente de Pensiones, "sería útil ver si se despolitiza o se fortalecen las capacidades técnicas en los procesos de aprobación de proyectos", antes de enfatizar que "hay que generar certeza (a los inversores) de que cuando un proceso se detona se respeten los procesos administrativos y técnicos que el propio proceso contempla y que no se intervenga por razones políticas desde afuera".
Larraín indicó que debe buscarse la manera en que "esa secuencia de instituciones nuevas, con procedimientos nuevos" que propone el proyecto obtenga "legitimidad ciudadana, para que no haya luego presión ciudadana que obligue a una intervención política".
"Lo que teníamos antes, cuando el Presidente (Sebastián) Piñera se metió en el caso Barrancones y Punta de Lobos, tenía que ver con que había una presión social muy fuerte y él se hizo eco e intervino. Eso es lo que hay que tratar de evitar", advirtió.
Se necesita, en cambio, "que las presiones ambientalistas, las presiones de otra naturaleza, del movimiento social, se incorporen a los procedimientos de aprobación antes, cosa de que, una vez que se tomen las decisiones en el ámbito técnico, sean respetadas por todos, porque ya tuvieron la oportunidad de expresarse", sentenció.
