Solo en 2018 se registraron 123.792 casos de este tipo; casi la mitad por uso fraudulento de tarjetas.
Un 3,2 por ciento terminó con algún tipo de condena.
Entre las razones del aumento están las transferencias por internet y el pago a través de sistema Redcompra.
Los delitos económicos aumentaron 537 por ciento en Chile durante los últimos 14 años, desde 2004, y sólo en 2018 se ingresaron 123.972 denuncias, según el boletín estadístico anual del Ministerio Público.
De acuerdo con la información del diario Pulso, el año pasado se registró un incremento de casi un 24 por ciento respecto a 2017.
En 2018, el delito que lideró el ranking fue el uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito, con 63.171 denuncias; seguido de la estafa, con 38.773 casos; y la apropiación indebida, que registró más de 13 mil hechos.
El director de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, explicó al diario que "un factor que influye es el reciente uso de tecnologías para la realización de diversas transacciones", como transferencias por internet o el pago a través de sistema Redcompra.
Esto, dice, "hace más rápido y expedito este tipo de trámites, pero trae aparejado un mayor riesgo de amenazas".
"La especialización de fiscales y policías, más certeros a la hora de decretar e investigar este tipo de delitos, también influye, pues logran descubrir delitos que antes no eran detectados", agregó.
El alza se aceleró en los últimos cuatro años, ya que, desde fines de 2014, los delitos aumentaron casi un 95 por ciento.
Según Fernández, eso podría tener relación con las estafas piramidales y también con los casos de clonación masiva de tarjetas.
Casos condenados
Sin embargo, los casos por este tipo de delitos que fueron cerrados en 2018 llegaron a 135.370, de los cuales sólo un 3,2 por ciento terminó con una condena.
En ese sentido, Fernández detalla que las razones son variadas, "por ejemplo, en este tipo de delitos se persigue la reparación del daño patrimonial del afectado y ello muchas veces se logra sin necesidad de la dictación de una sentencia condenatoria, sino a través de acuerdos reparatorios o suspenciones condicionales del procedimiento".
"A ello también contribuyen las penas aplicables a estos ilícitos, y que en muchas ocasiones los imputados no tienen antecedentes", agregó.
En tanto, un 64 por ciento de los casos cerraron con un archivo provisional.
