El decreto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Los dueños de la compañía consideran que esta es una confiscación arbitraria e ilegítima.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, promulgó la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento que habilita al Ejecutivo a expropiar Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans. El decreto de promulgación de la norma fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del país trasandino.
La ley declara como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación" tanto a Aerolíneas como a sus subsidiarias Austral, dedicada a los vuelos domésticos, Optar, su operador de turismo, Jet Paq, enfocado a la gestión de carga y Aerohandling, su rama de servicios de rampa.
Tras la aprobación de la norma hace una semana, Marsans señaló que considera la expropiación como una "confiscación" "arbitraria e ilegítima", ya que contradice un acuerdo entre el grupo y el Gobierno argentino firmado en julio, a través del cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.
Por este motivo, Marsans solicitó un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una "compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años".
Según indica la Ley de Expropiaciones de Argentina, el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y por él debe pagarse una indemnización que "sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Lamentablemente para Marsans, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso.
En cambio para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de la compañía aérea, la empresa vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español, una desaveniencia en el precio, que, según la Ley de Expropiaciones, debiera resolverse mediante un juicio sumario.
