La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) confirmó que no habrá demandas contra los ejecutivos involucrados en la denominada colusión del papel higiénico, tras conocerse que la empresa se coludió por más de 10 años con su competidor PISA (actual SCA) para fijar los precios y las cuotas de mercado.
Eso sí, informó que habrá despidos con sus indemnizaciones por años de servicio correspondientes. Ello pese a que distintos agentes del mercado pedían demandar a los ejecutivos especialmente tras las declaraciones del presidente de CMPC, Eliodoro Matte, quien los responsabilizaba de este hecho.
Mientras que durante la jornada de este miércoles, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, expuso ante la Comisión de Economía del Senado sobre la ley que pretende castigar con cárcel a estos delitos.
Recalcó que cualquiera sea la normativa, van a seguir existiendo 'carteles': "Si nos preguntan a nosotros ¿puede haber una ley suficientemente disuasiva para que no existan carteles? La respuesta es no".
"Seamos honestos, no nos frustremos. No existe ninguna ley que va a permitir que efectivamente no existan carteles. O sea, la tasa de carteles va a existir y creo que beneficiémonos que si se están descubriendo y están ocurriendo es porque la institucionalidad está funcionando. Pero los beneficios para los carteles son inmensos", manifestó.
Agregó que "la gracia de la delación compensada, que podrá no gustar, es que le mete un germen dentro del mismo cartel".
Ministro Céspedes: "Es importante la pena de cárcel"
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, evitó comentar la decisión adoptada por CMPC de no llevar a sus ejecutivos a la Justicia. Eso sí, dijo que lo importante es que haya sanciones para los ejecutivos involucrados en esta colusión.
"Más allá de lo que son las situaciones puntuales, acá tenemos que -como institucionalidad- ser capaces de sancionar con el máximo rigor no solo a las empresas que se han visto involucradas en este tipo de situaciones, sino que también a los ejecutivos y es que, por eso, creemos que es tan importante la pena de cárcel y también una serie de inhabilidades que hoy se están estableciendo en el marco del proyecto de ley", declaró.
Además, la Superintendencia de Pensiones ofició a las seis AFPs del sistema para que informen si es que a la hora de invertir en esta empresa están analizando la situación del gobierno corporativo.
Las administradoras de fondos de pensiones tienen 10 días para responder este oficio. Un 0,45 por ciento de los fondos de pensiones, unos 674 millones de dólares, están invertidos en la papelera de la familia Matte.
