El alcalde de Melipilla, Mario Gebauer (ex PPD), criticó este miércoles la decisión de Tribunal Constitucional, que ayer declaró admisible la contienda de competencia planteada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para evitar dar a conocer a la Fiscalía Metropolitana Sur los antecedentes solicitados en el marco del caso por la colusión del papel tissue.
A la espera de que el TC resuelva el fondo de requerimiento, Gebauer -quien presentó la primera querella en la causa por el delito de adulteración fraudulenta de precios- alertó que "esto es un paso a que se restrinja la investigación del Ministerio Público".
"Nosotros confiamos en la labor que está realizando el fiscal. Me parece una pésima señal a todos los chilenos y chilenas, y lo que no tenemos que aceptar es que haya impunidad en un caso grave, complejo", dijo el jefe comunal.
Gebauer apuntó además que "parte de los argumentos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tienen que ver con la defensa de los recursos económicos de las empresas... Ridículamente plantean la dificultad de entregar estos datos porque puede afectar la libre competencia. En el marco de eso nos parece que es una vergüenza lo que está ocurriendo producto de esta resolución del Tribunal Constitucional".
SCA: "Fuimos coaccionados"
En paralelo, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) ya respondió al requerimiento presentado en octubre por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por el escándalo.
En el escrito, de dos páginas, la papelera insiste en que una vez que conocieron del delito se pusieron voluntariamente a disposición de la FNE y descartaron haber obligado a SCA Chile (ex Pisa) a que participara del cartel del papel tissue.
Esta afirmación fue desestimada por la defensa de la sueca SCA: "Insistimos en que fuimos coaccionados", manifestó el abogado Rodrigo Díaz de Valdés.
Ayer declaró ante el fiscal Cristián Galdames el ex dueño de Pisa Gabriel Ruiz-Tagle. Los querellantes han anunciado que solicitarán al Ministerio Público que también tome declaraciones a los dueños propietarios de las dos empresas coludidas.
