El abogado Raimundo Labarca, defensor de Julio Ponce Lerou, calificó como "manifiestamente injusta" la multa de 70 millones de dólares que impuso la Superintendencia de Valores y Seguros al empresario por su responsabilidad en las operaciones fraudulentas desarrolladas en el marco del llamado "caso cascadas".
La SVS comunicó ayer multas por un total de 4.010.000 UF (unos 164 millones de dólares, el mayor volumen aplicado por la entidad) contra Ponce Lerou y otros siete ejecutivos vinculados a las sociedades cascadas, además de la corredora de bolsa Larraín Vial S.A.
La Superintendencia constató una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en las "cascadas"; cuatro sociedades de inversión a través de las cuales Ponce Lerou -ex yerno de Augusto Pinochet- controla Soquimich, la mayor empresa minera no metálica del mundo.
Entre los años 2008 a 2011, las sociedades cascadas realizaron una serie de operaciones, tanto de inversión como de financiación, que tuvieron por objetivo dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para luego, recomprar esos títulos a precios mayores a los de su venta inicial.
Las transacciones reportaron a todos los involucrados elevadas ganancias, en desmedro de los costos que debieron asumir las sociedades cascadas.
"Los hechos que dieron origen a las infracciones informadas son extremadamente graves y dañaron profundamente los principios básicos de un mercado de valores, como son la fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo", explicó el superintendente Carlos Pavez.
"Considerando que la confianza es uno de los principales activos del mercado financiero de nuestro país, la sanción aplicada por esta Superintendencia está en línea con el rol que le encomienda la ley: esto es fiscalizar, supervisar y regular el adecuado funcionamiento de los mercados de valores y seguros", indicó Pavez, sucesor Fernando Coloma, quien llevó adelante la mayor parte del caso hasta marzo de este año, con el cambio de Gobierno.
El conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado Raimundo Labarca defendió enfáticamente la inocencia de Ponce.
"Ésta es una resolución manifiestamente injusta, por cuanto durante la tramitación del procedimiento administrativo quedó fehacientemente acreditado que mi cliente era inocente", dijo Labarca.
"Yo hace algunas semanas decía muy coloquialmente que éste era un caso que tenía una decisión cocinada, y esta resolución termina por darme la razón", afirmó el jurista.
"Resulta físicamente imposible que habiendo terminado recién los términos probatorios hace tan sólo dos semanas se dicte una resolución que tiene 750 páginas que hay que redactarlas, hay que razonarlas, etcétera. Es físicamente imposible que en dos semanas eso se haya hecho", dijo Labarca.
Larraín Vial acusa multa "desproporcionada"
Tras Julio Ponce las mayores multas dispuestas por la SVS recayeron sobre Aldo Motta (24,5 millones de dólares), ingeniero de la Universidad Diego Portales de 37 años y gerente general de varias sociedades cascadas. En julio de este año asumió el directorio de La Polar.
Roberto Guzmán, abogado y uno de los asesores directos de Ponce Lerou, que en las operaciones fraudulentas ganó 150 millones de dólares, fue multado con 22,5 millones..
A Patricio Contesse, gerente general de Soquimich que durante la dictadura llegó a ser presidente ejecutivo de Codelco y gerente general de la CAP, se le impuso una multa de 2,45 millones de dólares.
Manuel Bulnes (8,8 millones), Felipe Errázuriz (4,9 millones) y Alberto Le Blanc (4,9 milloneS) fueron multados por facilitar las operaciones bursátiles, misma situación en la que se encuentra Leonidas Vial (20,4 millones de dólares), director de Blanco y Negro y, además, vicepresidente de la Bolsa de Santiago.
En la arista administrativa, la Justicia desestimó la querella por prevaricación presentada por Ponce contra el ex superintendente de Valores Fernando Coloma. (Foto: UPI)
A la corredora de bolsa Larrain Vial S.A. se le impuso una multa a beneficio fiscal de 200.000 UF, equivalente a 8,18 millones de dólares.
Los sancionados tienen un plazo de cinco días para apelar a la resolución de la Superintendencia y de 10 para ejercer algún tipo de acción judicial.
Larraín Vial lamentó mediante un comunicado la mencionada multa, que calificó como "injusta y desproporcionada".
"La analizaremos con el cuidado y ponderación que ella requiere y ejerceremos todos nuestros derechos para acreditar nuestra total inocencia y la de nuestros ejecutivos", dijo la entidad.
"Nunca supimos ni fuimos parte de ningún supuesto esquema destinado a beneficiar a algún inversionista por sobre otro, ni menos a partir de transacciones aisladas pudimos prever su existencia", agregó la corredora, que asegura que su actuar fue siempre como intermediario de valores, de acuerdo a las instrucciones expresas de sus clientes, a precios de mercado y usando mecanismos legales que permitieron la participación de todos los inversionistas institucionales y las principales corredoras de bolsa del país.
Mediante una declaración pública, en tanto, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupa a los grandes empresarios del país, señaló que de comprobarse estas infracciones, "estaríamos en presencia de delitos que ameritan una enérgica condena, pues dañan la confianza a la transparencia y la ética de la economía chilena".
Descartan prevaricación
Junto a la resolución desde la parte administrativa, la vía judicial del caso sigue su curso y ayer el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio otro golpe a Ponce al desestimar la querella presentada contra el ex superintendente Fernando Coloma por supuestos delitos de prevaricación administrativa y abuso contra particulares.
"Cuando al mismo tiempo se entrega o se da a conocer la resolución del caso en la parte administrativa, creo que es, de alguna manera, un espaldarazo o una reafirmación del hecho de que la institucionalidad ha funcionado y siempre ha actuado adecudamente, como se esperaba", comentó a Cooperativa la abogada de Coloma, Paula Vial.
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad José Morales valoró la resolución judicial, al indicar que la querella fue "algo totalmente colateral, parte de la estrategia de la defensa".
"Respecto al caso mismo, solamente reafirma la actividad de la Superintendencia, que se ajustó a derecho en esta parte en particular", señaló Morales.
