El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía, Carlos Gajardo, informó que dentro de los próximos días el Ministerio Público definirá el curso de acción frente a la denuncia que interpuso el Servicio de Impuestos Internos contra los hermanos Maxo y Alberto Calderón Crispín, ex controladores de Johnson's y hoy están ligados a la propiedad de Ripley.
La denuncia tiene por objetivo "que se les investigue como presuntos autores de delito tributario cometido mediante el uso irregular del beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta", lo que originó un perjuicio fiscal estimado en 12.292 millones de pesos, aunque esta cifra "podría elevarse en la medida de que avance la investigación", informaba el martes el SII.
"Efectivamente la Fiscalía ha recibido una denuncia del Servicio de Impuestos Internos que deberá ser investigada. Tomaremos decisiones respecto de diligencias de investigación en los próximos días", dijo el fiscal Gajardo.
Panorama
El mentado artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta busca facilitar el pago de impuestos de pequeños contribuyentes, y si bien casos como éste dan cuenta de un abuso, para los expertos el panorama no es generalizado.
"¿Hay abuso? Sí, como aparentemente sería éste. ¿Es generalizado y todo el mundo anda haciendo lo mismo? Yo diría que no", manifestó el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco.
Esto, sin embargo, "le añade un pelo más a la sopa, porque se crea la percepción de que existe un abuso por parte de algunos empresarios en la configuración jurídica", señala el académico.
De todos modos, "no podemos sacar como conclusión que esto es generalizado o que todos los empresarios andan en la misma. Sería aventurado", indica Polanco.
Este tipo de casos "no es común" dentro del mercado, coincide el abogado tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Cabello.
"Uno puede ver que existe normalmente el procedimiento de traslado de antecedentes a la Fiscalía cuando se trata de delitos que son bastante objetivos, como pueden ser facturas falsas o materias de ese tipo, pero cuando se trata de procedimientos de reestructuración, reorganización u optimización, no es sencillo determinar si existe una mera planificación o directamente una evasión tributaria. Cada evento y cada operación tiene su particularidad especial", apunta.
La visión de los funcionarios
Para el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza, la investigación que iniciará la Fiscalía ratifica la necesidad de aumentar las atribuciones del SII.
"Estamos ante un ejemplo que grafica cómo los regímenes especiales de tributación son utilizados por las grandes fortunas para la evasión tributaria de los impuestos que les corresponde pagar", dice Insunza.
"Es evidente que lo que se hacen es evadir impuestos, y entendemos que las medidas y transformaciones que hoy día están propuestas en la reforma tributaria vienen a cerrar en forma importante estas brechas elusivas y de evasión que hoy día permiten este tipo de escándalos", afirmó.
En la misma línea se manifestó Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII: "Necesitamos normas antielusión y necesita el Servicio más facultades justamente para evitar este tipo de evasiones o elusiones de los contribuyentes aprovechándose de beneficios que no les corresponden", dijo.
"Aquí hay un ejemplo claro de cómo esas normas antielusión van a operar, para evitar o minimizar los riesgos de que esto ocurra", dijo Apablaza.
Sólo a través de una declaración al diario El Mercurio la familia Calderón afirmó que está dispuesta a entregar los antecedentes que sean necesarios para la investigación.
