El Senado concluyó pasadas las 02:40 horas de este jueves el debate en particular de la megarreforma, el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social impulsado por el Gobierno.
Tras siete horas de debate en general y la votación de la mayor parte del articulado, que comenzó a eso de las 22:30 horas, la Sala despachó la iniciativa con discusión inmediata, la que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados en su tercer trámite.
Si los diputados ratifican los cambios introducidos en el Senado, la norma quedará en condiciones de ser promulgada como ley; de lo contrario, deberá conformarse una Comisión Mixta para resolver las discrepancias.
La difícil negociación
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), relevó las tratativas de consenso que convocó a través de una mesa, y que derivaron en un sorpresivo acuerdo con tres senadores del PPD, que horas después fue desahuciado tras la polémica generada por la indicación del Ministerio de Hacienda que rebajaba de 23% a 22% el Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, la cual posteriormente fue retirada y reconocida como un error.
"Para mí es muy importante, para no cometer errores nuevamente, que veamos qué pasó durante esta discusión. ¿Teníamos tres votos más? Teníamos tres votos más. Eventualmente había más senadores disponibles, principalmente del Socialismo Democrático, pero ellos mismos han dicho que sus problemas internos fueron uno de los argumentos que no propició que esto se concretara", expresó la parlamentaria.
La víspera de la votación estuvo marcada por los cuestionamientos. Desde la oposición, el senador socialista Alfonso de Urresti criticó la "excesiva rigidez" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante el proceso de negociación.
En tanto, en el ámbito civil, un bloque de 18 organizaciones sociales y ambientales -entre ellas Greenpeace, Oceana y Fundación Terram- emitió una declaración pública conjunta manifestando su rotundo rechazo al articulado.
Rebaja tributaria y reintegración del sistema
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la votación separada de la rebaja al Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas, que pasará del 27% al 23% de manera gradual.
El artículo se aprobó con 26 votos a favor y 24 en contra, pese a los cuestionamientos de parlamentarios de oposición que argumentaron que la medida no asegura mayor inversión ni crecimiento.
El cronograma contempla una tasa de 25,5% para 2027, 24% para 2028 y 23% de forma permanente desde el año comercial 2029.
Con la misma votación, se respaldó también el régimen tributario de las grandes empresas y la reintegración gradual del sistema tributario, en los términos aprobados previamente por la Comisión de Hacienda.
Exención de contribuciones y compensación municipal
La exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años generó un extenso debate, incluida la votación de admisibilidad de indicaciones.
El artículo completo, con los requisitos asociados a esta medida, fue aprobado con 28 votos a favor y 22 en contra.
La senadora Yasna Provoste (DC) hizo reserva de constitucionalidad al respecto.
Durante la sesión, el ministro Quiroz informó un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), en el que los municipios tendrán una completa compensación de recursos del Fondo Común Municipal, que se verá afectado por la exención del pago de contribuciones.
El titular de Hacienda detalló que "estamos llanos a entregar una compensación total, no solo al efecto que tiene sobre el Fondo Común Municipal, sino que también sobre los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de esta exención".
"Sin embargo, esta compensación va acompañada de dos principios, que esta entrega de recursos esté sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de transparencia e información y al compromiso de avanzar en la reducción de los plazos de tramitación de los permisos que dependan de la gestión municipal", detalló.
Restitución de gastos e invariabilidad tributaria
También se aprobaron, con 26 votos a favor y 24 en contra, los artículos relacionados con la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido revocados mediante una Resolución de Calificación Ambiental.
El senador Alfonso De Urresti (PS) hizo reserva de constitucionalidad sobre esta norma, que además fue calificada por sectores de oposición como "única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes".
Los senadores Claudia Pascual (PC) y Diego Ibáñez (Frente Amplio) también presentaron reserva de constitucionalidad.
Respecto a la invariabilidad tributaria, la Sala aprobó la norma con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, luego de que los senadores Juan Luis Castro (PS) y Claudia Pascual hicieran reserva de constitucionalidad.
La propuesta fija las condiciones impositivas en 10 años para inversiones de 50 millones de dólares, en 15 años para las de entre 50 y 350 millones, y en 20 años para inversiones superiores a ese monto, con una tasa corporativa de 1,5% para las empresas que se acojan a este régimen.
Otras normas aprobadas y reservas del Ejecutivo
Entre las disposiciones aprobadas también se cuentan las relativas a la relocalización de concesiones acuícolas y su evaluación de impacto ambiental, la reducción de los plazos de invalidación de actos administrativos, y nuevas facultades para que la Dirección de Presupuestos (Dipres) acceda a datos del Ministerio de Desarrollo Social.
La Sala respaldó además una indicación del Frente Amplio, introducida en el primer trámite, que pone fin a la obligación exclusiva de las empresas con 20 o más trabajadoras de entregar derecho a sala cuna, así como una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad sobre ambas disposiciones por considerar que no responden a las ideas matrices del proyecto.
El ministro también objetó una indicación de autoría de la senadora Daniella Cicardini (PS), aprobada en la Comisión de Hacienda, vinculada al llamado "derecho al olvido" financiero.
La norma establece que los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales, una vez que estas se hayan hecho exigibles o se hayan extinguido.
Pese a los reparos del secretario de Estado, la indicación fue nuevamente respaldada en la Sala, tras lo cual Quiroz insistió en su reserva de constitucionalidad.
