"De la misma forma como creo que es imperativo cerrar la cuestión constitucional, creo que también es importante cerrar" el acuerdo tributario, dijo el presidente de Pivotes en Cooperativa.
El extimonel de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y actual presidente de la fundación Pivotes, Bernardo Larraín Matte, afirmó este jueves que es "imperativo" hacer un pacto fiscal entre los sectores políticos y que, para ello, "lo más relevante es invertir el orden de los factores; primero hablemos de cómo modernizamos el Estado, de incentivos a la inversión".
"De la misma forma como creo que es imperativo cerrar la cuestión constitucional, creo que también es importante cerrar la cuestión del pacto fiscal", dijo el otrora líder de los industriales chilenos en entrevista con El Diario de Cooperativa.
No obstante, el ingeniero y empresario advirtió que, "si seguimos solamente usando la palabra pacto fiscal sin dotarla de contenidos, seguiremos sin llegar a puerto", planteando que la recaudación que el Gobierno espera para financiar sus programas sociales "no solamente se logra aumentando tasas; se logra aumentando el tamaño de la torta, que es el crecimiento. ¿Cuál es el sentido de la recaudación? Que esos recursos lleguen a los sectores más necesitados y eso se logra con un Estado eficiente".
"Cuando uno habla de pacto fiscal hay que poner primero dos pilares que son fundamentales antes que el tributario: uno es el de modernizar el Estado y, segundo, poner incentivos a la inversión. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con un pacto fiscal, porque, si el Estado allega recursos, obviamente tiene que ser eficaz y eficiente en usar esos recursos, y vaya que la contingencia nos ha mostrado cómo eso puede no ocurrir", dijo Larraín Matte, en el contexto del caso Democracia Viva, una fundación representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática).
Según lo que se conoce hasta ahora, esta organización firmó tres convenios por valor de 426 millones de pesos (unos 450.000 dólares) con el Servicio Regional (Seremi) de Vivienda de la Región de Antofagasta -a manos de Carlos Contreras, también militante de RD que había sido asesor cercano de Pérez y quien fue el primero en renunciar una vez estalló el caso a principios de la semana pasada- para, supuestamente, colaborar en la ayuda de viviendas precarias.
Por este entramado, la Fiscalía investiga a la fundación Democracia Viva por presunto tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.
"Si usted ve que recursos que estaban reservados para soluciones de vivienda en el norte de Chile terminaron en una fundación cuyo origen había sido más bien doctrinario, ideológico, y de pronto se transformó en una organización experta en vivienda, eso le da cuenta del despilfarro de recursos públicos que hay", apuntó Larraín Matte.
En tal sentido, el exlíder de la Sofofa aseveró que "esto no es retórica ni una excusa para evadir el tema tributario; es una realidad que tenemos que enfrentar de forma urgente, y la realidad no se enfrenta diciendo que vamos a hacer mejor uso de recursos públicos, que vamos a bajar viáticos, que vamos a ponerle un mayor control a las asignaciones a fundaciones", sino que "la condición precedente para hacer todo eso es corregir las fallas estructurales que tiene el Estado".
Una de esas grietas, según Larraín Matte, "es el régimen de empleo y la total cancha libre y total discrecionalidad que tienen los Gobiernos de todos los signos políticos" para las designaciones.
"Esto no es particular para este Gobierno. En todos los Gobiernos hay una gran discrecionalidad y cancha libre para designar personas políticamente cercanas a lo largo y ancho de todo el Estado", señaló el presidente de Pivotes, que abogó por el avance de la iniciativa popular de norma "Por un Estado sin pitutos", que presentó su fundación junto a Horizontal e IdealPaís en el marco del nuevo proceso constituyente.
"Es la segunda (propuesta ciudadana) que más lleva firmas. Nos falta mucho para llegar a las 10.000 (que debe reunir para ser discutida por el Consejo Constitucional), pero es fundamental que el tema de cómo se designan a los funcionarios públicos llegue a la discusión constitucional", sostuvo.
"Por un Estado sin pitutos" busca incorporar la idea de que "en todos los cambios organizacionales internos que impliquen procesos de contratación y promoción, los jefes de servicio deberán implementar procesos de movilidad entre los distintos órganos de la Administración del Estado, pudiendo los funcionarios de todos los servicios públicos acceder a ellos con igualdad de oportunidades sin otros requisitos que los que fije esta Constitución y las leyes, y con las excepciones que la propia Constitución admita, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad".
Además, plantea que "la ley institucional establecerá un régimen general único de designación, contratación, promoción y cese de funciones de los funcionarios de la Administración del Estado, sobre la base de un sistema de selección público, de libre e igualitario acceso, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial, ágil, que privilegie el mérito de los postulantes, y la especialidad e idoneidad para el cargo, observando criterios objetivos y predeterminados".
