Los legisladores que impulsaron la moción de vacancia -tras la publicación de los Pandora Papers- no alcanzaron los votos necesarios para su aprobación.
De esta forma, el Mandatario podrá seguir gobernando por los cuatro meses que le quedan en el cargo.
Este martes el Senado, actuando como jurado, rechazó la acusación constitucional presentada en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras un extenso e inédito juicio político llevado a cabo por el Pleno a raíz de supuestas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal.
Apenas unos días antes de las elecciones del 21 de noviembre, se requerían 29 votos para destituir al Mandatario -es decir, toda la oposición en bloque más cinco oficialistas-, pero a mitad de la votación se confirmó que ya no se alcanzaría el quórum necesario.
De esta forma, Piñera podrá seguir gobernando por los cuatro meses que le quedan para terminar su segundo mandato no consecutivo el 11 de marzo de 2022.
🔴Se cae la acusación constitucional. La oposición requerían 29 votos (los 2/3 de los senadores en ejercicio) y ya 15 han rechazado o se han abstenido, así que no se alcanza. @Cooperativa
— Kassandra (@kasswg) November 16, 2021
Al inicio del juicio, durante la mañana, expusieron sus argumentos una terna de diputados -Gael Yeomans (CS), Leonardo Soto (PS) y Gabriel Silber (DC)- que representó a la Cámara Baja, órgano que la pasada semana aprobó de forma histórica -y con los votos justos (78 de 155)- la admisibilidad del libelo y, en consecuencia, que prosiguiera el juicio político, y posteriormente intervino el abogado de Piñera, Jorge Gálvez.
A las 15:00 horas se inició la votación final, en la que cada uno de los 43 senadores tuvo hasta 15 minutos para argumentar, aunque la mayoría de ellos utilizó menos tiempo y algunos se limitaron a informar su voto sin fundamentar. El proceso se extendió por casi siete horas y finalizó cerca de las 22:20 horas.
Chile Vamos se plegó en pleno para rechazar -con excepción del RN Manuel José Ossandón, quien se abstuvo en ambos capítulos-, planteando que se trataba de una acusación sin fundamentos claros, con fines electorales -"franja electoral extendida", tachó el UDI José Durana-, que formulaba "suposiciones y teorías que parecen calzar torcidamente", y reprochando que "el uso y abuso de esta herramienta atenta contra la democracia".
Ossandón, no obstante, no fue tan tajante al desestimar los argumentos acusadores, ya que si bien consideró que éstos no probaban las faltas señaladas, dijo haber quedado con "una sensación amarga de la existencia de muchas zonas grises que los antecedentes en mano no han logrado esclarecer".
La oposición, por su parte, respaldó los planteamientos del texto, sobre que Piñera infringió la Constitución, deplorando que la aparición del nombre del Mandatario en los "papeles de Pandora" ha puesto a Chile en una posición de "vergüenza internacional", y cuestionando que durante su trayectoria política y en los negocios ha sido "imprudente" al no saber distinguir "entre lo público y lo privado", algo que, según apuntaron aquellos senadores, también se ha visto en torno al controvertido megaproyecto minero Dominga.
Se trató del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por su presunta responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social.
Es, además, el segundo Presidente en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.
En una rueda de prensa, la diputada Yeomans no descartó que la oposición impulse "acciones de carácter judicial" contra el Presidente.
"Creo que es importante hacer un llamado, porque lamentablemente esto sucede porque hay una sobre representación de una coalición política en el Congreso, acá en el Senado, y que permite que por quórum no sea aprobada la acusación constitucional, a pesar de que la ciudadanía piense otra cosa y es por eso que es importante las elecciones de este fin de semana", planteó la acusadora de Piñera.
"Para nosotros, y a juicio también personal, creo que en este caso el Presidente Piñera, si no encuentra la justicia acá en este Congreso Nacional, debe encontrar la justicia en otros espacios. No podemos dejar esto acá y por lo mismo debemos estar abiertos y disponibles a evaluar acciones de carácter judicial", aseveró la diputada de Convergencia Social.
La acción contra Piñera fue ingresada por diputados de oposición el pasado 13 de octubre a raíz de una publicación de los "papeles de Pandora", a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, que reveló días antes presuntas irregularidades en una venta que Piñera hizo en 2010 de su participación en el megaproyecto minero-portuario Dominga al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto "Choclo" Délano en una operación de 152 millones de dólares.
La Fiscalía Nacional decidió iniciar una investigación penal de oficio contra el Mandatario para arrojar luz sobre esta transacción, que contenía una condición de pago de una tercera cuota vinculada a políticas ambientales y fue realizada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo, poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de Gobierno (2010-2014), según el ICIJ.
El texto de la acusación, que consta de 99 páginas, se fundó en dos capítulos: el primero, por vulneración al "principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación" y el segundo por haber "comprometido gravemente el honor de la nación".
Según sostiene el documento, "el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República", esto es, que cometió "actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación".
El segundo capítulo acusatorio, en tanto, imputa que el "Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República".
El primer capítulo fue rechazado por 24 votos a favor, una abstención y 18 en contra; y el segundo, por 22 a favor, una abstención y 20 en contra.
