En concreto, el proyecto crea tres fondos por un total de 450 millones de dólares.
La responsabilidad social de la industria "tiene que notarse en las comunidades", dijo la senadora opositora Paulina Núñez (RN).
Diputados y senadores de oposición y oficialistas de la zona norte valoraron la distribución de los fondos de beneficio comunal y regional incluidos en el proyecto de royalty minero, que eleva la carga tributaria en el mayor productor global de cobre, aprobado ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
La iniciativa, que pretende recaudar el 0,45% del PIB nacional, contempla una tasa impositiva máxima efectiva (el techo que pagarán las grandes mineras en tributos) del 46,5% de la ganancia operativa para aquellas compañías que produzcan más de 80.000 toneladas métricas de cobre fino, y del 45,5% para las que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas.
En concreto, el proyecto crea tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares: el Fondo a Comunas Mineras, el Fondo de Apoyo de Equidad Territorial y el Fondo Regional de Producción y Desarrollo.
Para las localidades mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país.
La senadora por Antofagasta Paulina Núñez (RN) destacó que "el propio Consejo Minero y la Sonami, porque hay un diferenciado entre las grandes compañías y las medianas, han estado de acuerdo de entregar estos recursos, y cuando son los mismos que tienen que entregar estos recursos los que están de acuerdo -no porque no les haya quedado otra, sino porque están conscientes de todas las cosas han ido cambiando, porque su responsabilidad social tiene que notarse en las comunidades-, entonces, con mayor razón tenemos que avanzar en este proyecto".
El también senador por la zona Pedro Araya (ind-PPD) señaló que "es correcto que el monto mayor sea para las rentas territoriales que se asignan en el FNDR. También es correcto que exista un fondo destinado a la equidad territorial para las comunas más pobres".
No obstante, apuntó que "lo que no es razonable es que los Fondos de Equidad Territorial tripliquen el monto del Fondo a Comunas Mineras, al menos en la transición. Las comunidades que experimentan directamente el costo social del desarrollo de esta actividad industrial, que beneficia a todo el país, merecen una mayor compensación".
El diputado por Tarapacá Matías Ramírez (PC) dijo que "las siete comunas de la región van a ser enormemente beneficiadas con este nuevo royalty, que lógicamente tendremos que defender en la Cámara de Diputadas y Diputados, recordando que el Partido Republicano ha votado en contra y ha defendido los intereses de la industria minera".
"Creemos que tenemos una gran responsabilidad ahora en la Cámara de Diputados", agregó el legislador.
Mientras, el diputado de Antofagasta José Miguel Castro (RN) destacó que el proyecto "genera un Fondo Regional de Producción y Desarrollo de los recursos. Esto se aplicará en el financiamiento de los gobiernos regionales a través de sus presupuestos de inversión. Nosotros, por nuestro lado, en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Minería, específicamente, estaremos luchando (a favor de ello)".
El Ejecutivo, que había planteado inicialmente un techo impositivo del 50%, fue ajustando la cifra durante el debate parlamentario e introdujo varias modificaciones tras recibir críticas de representantes de la industria.
El empresario Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, afirmó que concuerdan "con las distintas voces que han dicho que es bueno que este tema se resuelva de una vez. Valoramos la corrección que realizó el Gobierno, pero creemos que los montos establecidos siguen siendo altos y afectan la competitividad de la industria nacional".
"Ojalá se encuentren los mecanismos para que, pese el royalty elevado en comparación con otros países productores, no sea fuertemente afectada la inversión a los nuevos proyectos", indicó el dirigente.
Según indicó ayer el Ministerio de Hacienda en un comunicado, "este tipo de gravamen es similar al que establecen otras jurisdicciones mineras, como South Australia y Queensland (Australia), Indonesia, British Columbia (Canadá), China y Brasil".
