El rechazo por parte la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo del proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, que buscaba construirse en la comuna de La Higuera, generó posturas a favor y en contra dentro de su comunidad.
Dicha división se hizo presente este viernes en Una Nueva Mañana de Cooperativa, en que conversaron Omar Alfaro, representante de la mesa temática de los Crianceros -en contra de la resolución- y Andrés Álvarez, miembro del movimiento de Defensa del Ambiente de La Higuera -a favor del rechazo-.
Alfaro -quien aseguró haber sido un decractor en un principio- negó que el yacimiento fuese a instalarse muy cerca de la costa marina, sino que está separada por una cadena de cerros y criticó que los defensores no se hayan sentado a la mesa, porque "se están protegiendo las áreas de manejo, los recursos bentónicos, que son lo que pescadores y mariscadores defienden", dijo.
Además, el representante de los crianceros lamentó que no solo se pierden "puestos de trabajo, sino que también de educación, porque de hecho nosotros -con el Acuerdo Marco- ya habíamos empezado a trabajar en los tres proyectos emblemáticos" de educación y capacitación para el empleo y para las personas sin competencias y la protección del bosque nativo, exigiendo la reforestación de la zona.
"No es un problema de La Higuera; es un problema país"
En tanto, desde la vereda del movimiento de Defensa del Ambiente de La Higuera, Andrés Álvarez aseguró que "quedamos satisfechos en parte", debido a que "esto todavía no está terminado, la empresa presentará su reclamación" y porque "hay un sector que no está contento con la resolución", expresó.
De aquí en adelante, dijo Álvarez, deberán "conseguir que ningún proyecto industrial se desarrolle en una zona tan sensible desde el punto de vista de la biodiversidad, de la conservación de la vida marina, para el fomento de los productos alimentarios y los espacios de regresión turística".
El defensor apuntó que "se equivocan los roles (...) porque es necesario que se reforme el Servicio de Evaluación Ambiental para evitar este tipo de confrontaciones, donde el nuevo reglamento debe prohibir a las empresas la intenvención en la comunidades cuando se someten a una evaluación ambiental".
"Este tema no es un problema solamente de La Higuera, es un problema país, y desde esa mirada hay que abordar, con esa altura de miras", recalcó y "los roles (del Estado y del empresariado) tienen que jugarlos como corresponde, sino la institucionalidad de qué sirve".
Precisó que el proyecto abarca un 40 por ciento de la comuna, siendo lo más sensible los impactos en la reserva marina y un reservorio de agua -tranque natural subterráneo con capacidad para abastecer a la población en una sequía de siete años-, que disminuiría en un 70 por ciento en tres años.
Además, recalcó que, pese a lo que destacó Alfaro, "el Acuerdo Marco no tiene ninguna validez dentro de la Ley 18.300, eso es lo peor".
