La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió esta jornada a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas (independiente), que buscaba suspender la adjudicación de la licitación pública de los yacimientos de litio en el país.
El tribunal de alzada, además, dictó una orden de no innovar, por lo que se suspende el proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.
En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida (el Gobierno) evacue un informe sobre la materia.
"Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de minería), el que deberá evacuarse dentro de décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder", ordenó el tribunal de alzada.
La acción judicial presentada por Vargas iba dirigida contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la misma cartera, Edgar Blanco, aludiendo a una serie de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
"El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas (...) es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso", planteó Vargas, añadiendo que la licitación tuvo "falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo".
Cabe recordar que el recurso fue presentado el martes 11 de enero y, al día siguiente, el Ministerio de Minería dio a conocer los resultados de la licitación del litio a dos empresas: la multinacional china ByD y la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, cuyas ofertas totalizaron 121 millones de dólares para el Estado.
El gobernador Miguel Vargas, en tanto, expresó que "nos parece una resolución importante, por cuanto acoge los fundamentos planteados por el Gobierno Regional de Atacama que tienen que ver, fundamentalmente, con disposiciones de carácter constitucional. A juicio nuestro, se vulneran garantías constitucionales, como la de igualdad ante la ley, como la protección adecuada del medio ambiente y como la libertad en el ejercicio de las actividades económicas, particularmente en una zona declarada de alto interés turístico para la Región de Atacama".
GOBIERNO: NO SIGNIFICA LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN
A través de una declaración pública, el Ministerio de Minería informó que fue notificado de la orden de no innovar, expresando que "respetamos las resoluciones del Poder Judicial", pero que, sin perjuicio de ello, "nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley".
Además, aclararon que la orden de no innovar "no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso", y recalcaron que esta licitación "ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente".
REACCIONES
El diputado Esteban Velásquez (FRVS), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, valoró la decisión de la Corte de Copiapó y señaló que "no ha habido una opinión racional, contundente, científica, académica que no haya estado en contra de este proceso de licitación, se trata -además- de velar, de cuidar, el interés nacional", mientras que su par Jaime Naranjo (PS), presidente de la Comisión de Economía, dijo que "es una señal muy alentadora y demuestra que no estamos equivocados".
"Esperamos que el requerimiento que presentamos en la Contraloría tenga el mismo curso de acción y sea acogido también", añadió.
Por su parte, desde el oficialimos, el diputado de la Comisión de Minería, Francisco Eguiguren (RN), dijo que "yo le restaría todo dramatismo a este fallo de la Corte de Copiapó, que se ha pronunciado respecto a la forma en espera de pronunciarse respecto del fondo. Yo creo que el Gobierno debiera recurrir de reposición de este recurso y que tengamos tranquilidad, que las cosas van a ir decantando porque tengo la certeza de que este ha sido un buen proceso que ha estado visado con la toma de razón de la Contraloría".
SEGUNDO RECUROS DE PROTECCIÓN DECLARADO ADMISIBLE
Posteriormente, se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decretó admisible el recurso de protección presentado por la comunidad atacameña de Coyo contra el Ministerio de Minería y el Presidente Sebastián Piñera por una presunta vulneración de derechos en las que incurriría esta licitación.
La Primera Sala rechazó la orden de no innovar solicitada por los recurrentes, dando un plazo de 15 días hábiles a los recurrido para informar.
