Ejecutivo busca generar "competencia" en el mercado con la medida.
A Isabel Allende le parece "sumamente grave" que el Senado no vea el tema.
La decisión del gobierno de Chile de permitir a empresas privadas la extracción de litio en el norte del país, ha generado un amplio debate y cuestionamientos por parte de personeros de la oposición y sectores ciudadanos.
El pasado
27 de marzo, el Ejecutivo aprobó por vía administrativa la implementación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), un decreto que autoriza a empresas locales y extranjeras a obtener 100.000 toneladas de este mineral en los próximos 20 años.
La senadora Isabel Allende, en sesión especial celebrada este jueves en el Senado, se manifestó contraria a la medida y expresó que le parece "sumamente grave que un tema de esta trascendencia ni sea visto por el Congreso, pues es importante tener una amplia y transparente reflexión sobre la importancia del litio en el desarrollo del país".
La medida se llevará a cabo a través de la aprobación de un contrato especial de licitación, que anula lo señalado en la Ley de Minería de 1973, que define el litio como un mineral estratégico y no concesible.
Para el subsecretario de minería, Pablo Wagner, no existe ninguna anomalía, ya que "la ley declara que es inconcesible, pero la Constitución establece que se pueden hacer contratos especiales de operación para aquellas sustancias no concesibles".
Wagner explicó que el objetivo del ejecutivo es "generar una mayor competencia e innovación" en un mercado en alza y recordó que Argentina, Australia, China, Canadá y EE.UU, ya declararon concesible el mineral, por lo que considera importante "darle un impulso a la industria para no perder nuestra participación en el mercado".
Preocupación mostró el ingeniero de la mina El Teniente, Enés Zepeda, para quien la posibilidad de que grandes empresarios vengan a explotar el litio "pone en riesgo su control y que el Estado pierda su derecho a controlarlo como material estratégico".
