Alrededor de dos mil autoridades del país conformarán el listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP), cuyas operaciones financieras serán vigiladas a partir de este jueves por bancos, notarios, corredoras de seguros, casinos de juegos y una treintena de otros "sujetos obligados".
Así durante esta jornada la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, y las superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros y de Pensiones, lanzarán el listado que incluye desde el Presidente de la República, hasta las directivas de los partidos políticos, además de sus cónyuges, padres, hijos, primos, tíos y todos los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
Esta medida es parte de las recomendaciones emitidas en febrero pasado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional que dicta las recomendaciones mundiales en el combate del lavado de activos, la cual busca asegurar que las operaciones financieras que realizan no estén relacionadas con algún tipo de ilícito.
"Se trata de las personas que son más vulnerables al interior de los Estados, personas definidas como de alta exposición y, por lo tanto, susceptibles de ser corrompidas por un tercero. A ellas deben aplicárseles procesos de conocimiento más profundos. Como se diría en buen chileno, mirarlos dos veces, para identificar cuando exista alguna operación, alguna transacción no compatible o poco habitual en el perfil de estas personas", explicó la directora de la UAF, Tamara Agnic.
Distintas categorías de personas
Para elaborar el listado se definieron 18 categorías de autoridades, las que van desde el propio Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, seremis, intendentes, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, consejeros del CDE y del Banco Central, ministros del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de la Libre Competencia.
También se incorporaron a esta nómina los directores y ejecutivos de empresas públicas, así como aquellos que ocupan algún directorio en sociedades anónimas y fueron electos con los votos del Estado.
Las instituciones privadas que no apliquen la debida diligencia reforzada a las personas del listado -que, en todo caso, puede irse ampliando con el transcurso del tiempo- o que no reporten cuando, tras aplicar el método, detecten operaciones sospechosas, arriesgan sanciones que van desde una simple amonestación hasta una multa de cinco mil unidades de fomento, la que puede triplicarse en caso de que la conducta sea reiterada en un período de 12 meses.
Listado de cargos PEP
- 1 Presidente de la República
- 22 Ministros de Estado
- 33 Subsecretarios
- 15 Intendentes
- 53 Gobernadores
- 290 Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi)
- 74 Embajadores
- 260 Jefes superiores de servicios y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos
- 345 Alcaldes
- 38 Senadores
- 120 Diputados
- 21 Ministros de la Corte Suprema
- 151 Ministros de las Cortes de Apelaciones
- 6 Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y sus subrogantes
- 2 General Director de Carabineros y su subrogante
- 2 Director de Investigaciones y el superior que deba subrogarlo
- 1 Fiscal Nacional del Ministerio Público
- 18 Fiscales Regionales
- 1 Contralor General de la República
- 5 Consejeros del Banco Central
- 12 Consejeros del Consejo de Defensa del Estado
- 10 Ministros del Tribunal Constitucional
- 5 Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 6 Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 5 Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 189 Directores y ejecutivos principales de empresas públicas y directores de sociedades anónimas nombradas por el Estado
- 300 miembros de las directivas de los partidos políticos.