Christine Lagarde está imputada por la millonaria indemnización que concedió, siendo ministra, en 2007, a un ex dueño de Adidas.
La Justicia gala ordenó a éste, Bernard Tapie, la devolución de 404 millones de euros al Estado.
Lagarde -que arriesga una pena de hasta un año de cárcel- aseguró que "no hay ningún cargo" que se le pueda imputar.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, deberá sentarse en el banquillo de los acusados por su presunta "negligencia" en la gestión de fondos públicos tras la indemnización millonaria concedida por el Estado francés al empresario Bernard Tapie en 2007, cuando era ministra de Economía.
Lagarde está imputada desde agosto del año pasado dentro de la investigación abierta para determinar si hubo corrupción en la atribución de esa compensación de casi 404 millones de euros por la venta de la empresa de equipamiento deportivo Adidas en los años 90.
La Fiscalía francesa había solicitado el pasado septiembre a la Corte de Justicia de la República que desestimara el caso, pero -según difundió este jueves la cadena de televisión i-Télé- la comisión de instrucción de ese Tribunal ha apostado por el juicio.
La ex ministra reaccionó calificando de "difícilmente comprensible" la decisión y defendió, en un comunicado en el que también anunció que va a presentar un recurso, que siempre ha actuado en beneficio del Estado y dentro del respeto de la ley, por lo que "no hay ningún cargo" que se le pueda imputar.
El "caso Tapie"
El caso se remonta a 1993, cuando el entonces banco público Crédit Lyonnais vendió en nombre del Estado francés Adidas, firma que había sido expropiada a Tapie.
Este consideró años más tarde que el Estado se hizo con la empresa por una cantidad muy inferior a la que realmente valía, lo que marcó el inicio de un complejo litigio que dos décadas después terminó en un tribunal privado de arbitraje bajo la presidencia del ex mandatario conservador Nicolas Sarkozy.
Fue Lagarde, como titular entonces del ministerio de Economía, quien decidió recurrir a ese tipo de mediación.
Los magistrados de la Corte de Justicia Republicana, única instancia habilitada en Francia para juzgar presuntos delitos cometidos por ministros en su etapa de Gobierno, sospechan que la designación de ese tribunal pudo efectuarse con la intención de favorecer a Tapie.
En el caso también está imputado, entre otros, el que fuera su jefe de gabinete en 2007 y actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, y el propio Tapie, por "desvío de fondos públicos" y complicidad.
La Justicia gala ordenó a Tapie el pasado 3 de diciembre que devolviera los casi 404 millones recibidos, tras anular el pasado febrero el arbitraje que había llevado a indemnizarle con esa suma.
"Estoy a-rrui-na-do. Estoy KO, pero me conozco, este estado de abatimiento no va a durar. Quieren la guerra, y la van a tener", dijo el empresario al difundirse esa sentencia.
Cuando se conoció su imputación el año pasado, Lagarde anunció que no dimitiría como directora gerente del FMI, instancia que la respaldó.
Su investigación en el caso comenzó en 2011, apenas un mes después de haber asumido en Washington el cargo que dejó vacante su compatriota Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual por una empleada de hotel en Nueva York.
FMI reitera apoyo
En esta ocasión, el organismo económico al frente del cual fue nombrada por un periodo de cinco años volvió a manifestarle su apoyo.
"El Directorio Ejecutivo del Fondo (que representa a sus 188 países miembros) continúa expresando su confianza en la capacidad de la directora gerente de llevar a cabo sus funciones de manera efectiva", afirmó en un comunicado el portavoz del FMI, Gerry Rice.
La institución con sede en Washington se desvinculó de la polémica agregando en ese comunicado que, como han señalado anteriormente, "no sería apropiado hacer comentarios sobre un caso que está actualmente ante la justicia francesa".
De confirmarse su culpabilidad, más allá de la mancha sobre su credibilidad y reputación, Lagarde se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa (unos 11,5 millones de pesos chilenos).
