Exautoridades de Hacienda y economistas advierten abusos en beneficios como la gratuidad universitaria y sostienen que una mayor fiscalización podría generar ahorros millonarios.
En medio de la discusión sobre el déficit fiscal en Chile, exautoridades y expertos económicos propusieron en El Primer Café un giro radical en la gestión del gasto público, apuntando a la fiscalización de los programas sociales como una fuente clave de ahorros para el Estado.
Matías Acevedo, exdirector de Presupuesto en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, denunció abusos sistemáticos en beneficios como la gratuidad universitaria, asegurando que la falta de control está costando millones al fisco.
"Hay que cortar cosas que no están funcionando bien. Hay que cortar abusos que se están produciendo en los programas sociales cuando personas dicen que viven solas para poder acceder a muchos programas. La gratuidad hoy día nos está costando mil millones más de lo que se presupuestó, y una de las razones es porque hay estudiantes que nos están haciendo trampa", afirmó.
Acevedo fue más allá y apuntó a la responsabilidad de las instituciones: "Las mismas universidades, que son encargadas de verificar la situación socioeconómica del estudiante, tienen que hacer la pega bien. Y si no la hacen, hay que sancionarlas".
"En Chile nos estamos mal acostumbrando a que la ley no se cumple. Invirtamos 5 o 6 millones de dólares en fiscalización y nos va a rendir en una enorme cantidad", cerró.
El DC Alejandro Micco, economista y académico de la Universidad de Chile, reconoció que "efectivamente sabemos que hay falsedad en la información que entra a la ficha porque no cuadra lo que uno termina reportando en las universidades respecto a lo que uno sabe con otras encuestas. Hay un tema ahí que tenemos que volver a atacar, que es derechos y deberes, la ética", explicó Micco.
Luis Eduardo Escobar, exasesor económico de la candidatura de Jeannette Jara, se mostró a favor de implementar disuasivos legales. "Coincido en que hay que fiscalizar mucho mejor lo que se está haciendo en materia de beneficios sociales. La evidencia indica que en muchos de estos ámbitos las declaraciones son falsas y le dan acceso a gente que no debiera tener acceso".
"Si uno fiscaliza, lo que se invierte se paga de sobra con el ahorro. Eso tiene que ir acompañado de sanciones; la persona tiene que saber que si está mintiendo para eludir la ley, eso tiene consecuencias", sostuvo.
Sobre el potencial de ahorro, Acevedo recordó el trabajo de la Comisión de Gasto Público e indicó que "nosotros hicimos una lista de 74 medidas, 2.000 millones de dólares y probablemente otros 2.500 millones de dólares más de contención. El CEP tiene otras medidas por 6.000 millones de dólares. Ya con elegir las 20 medidas que rinden más y dedicarnos a trabajar en eso es más que suficiente para el primer año de Gobierno".
