Se añadieron 775 millones de pesos adicionales, que servirán para contratar a 30 trabajadores más.
También se dio visto bueno a los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, cuestionados por el caso Monsalve.
En el marco del debate por la partida del Ministerio del Interior del Presupuesto 2025, el Gobierno logró que el Senado aprobara la asignación presupuestaria para la cuestionada Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
La decisión se debió a que el Ejecutivo presentó una indicación que respondía a una demanda transversal de los parlamentarios por el bajo presupuesto de la ANI, por lo que se añadieron 775 millones de pesos adicionales, que servirán para contratar a 30 trabajadores más.
Además, se repuso en la partida de la Subsecretaría del Interior la glosa que reserva 538 millones de pesos para los gastos reservados, la que había sido rechazada en la Cámara Baja por el impacto del caso Monsalve.
El senador Iván Moreira (UDI) dijo que "tenemos que ser responsables y se repongan los recursos para el Ministerio del Interior sobre los gastos reservados, que han estado siempre precisamente para poder controlar ciertos gastos que tienen que ser reservados y que todo gobierno los tiene. No podemos estar actuando por un hecho político y penal puntual y lamentable".
Sin embargo, no toda la jornada fue positiva para el Ejecutivo, ya que se mantuvo la glosa sobre los procesos de regularización extraordinaria de extranjeros, los que ahora deberán ser aprobados por ambas cámaras antes de ser llevados a cabo.
Además, fueron rechazados los 14 mil millones de pesos para campañas de prevención y los 36 mil millones para instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas en los fondos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
Mientras tanto, en Hacienda fue aprobada una indicación que el gobierno consideraba inadmisible, que dice que los adultos mayores beneficiados con la PGU podrán solicitar que el avalúo fiscal de sus viviendas sea de cero pesos.
El ministro Mario Marcel, visiblemente molesto, comemtó que "me imagino que sus autores buscaron que los beneficiarios de la PGU no pagaran contribuciones, pero lo están haciendo por la vía de reducir el avalúo fiscal a cero, y por ejemplo si hay alguien que tiene como garantía una propiedad y queda con avalúo cero, la garantía pasa a no valer nada, significa que si se va a expropiar una propiedad por Obras Públicas podría expropiarse por cero pesos".
"Tal como lo señalamos en la Cámara de Diputados, vamos a hacer reserva de constitucionalidad y considero realmente lamentable que se haya votado a favor de una glosa tan evidentemente inconstitucional como la que estamos analizando, realmente lo lamento mucho", cuestionó.
El responsable de la billetera fiscal profundizó que "vamos a llevar el tema al Tribunal Constitucional no porque queramos molestar o tengamos un problema con el contenido, sino que porque es nuestra obligación hace respetar la Constitución. La consecuencia de eso, para efectos de la Ley de Presupuesto, es que desgraciadamente, va a demorarse en su aplicación, y por lo tanto, todos los procesos iniciales para ejecutarlo se van a demorar, pero es algo que no podemos abstenernos de hacer cuando se aprueba una norma evidentemente inconstitucional".
Mientras la Sala debatía y votaba, en un salón continuo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, exploraba un acuerdo, junto a integrantes de la comisión del ramo, para destrabar la partida relacionada con su cartera, y logró un entendimiento que debe ser refrendado en votos este miércoles.
El pre-acuerdo incluye temas como la Ley Nacional del Cáncer, con el Gobierno comprometiéndose a hacer gestiones para continuar la tramitación de su reglamento en la Contraloría; una evaluación externa del Programa de Atención Primaria Universal; la creación de un Consejo de Seguimiento de Listas de Espera, que una vez que entre en vigencia la Ley de Licencias Médicas, contemplará la inyección de 73 mil millones de pesos; una indicación para mejorar la eficiencia en los contratos con sociedades médicas, y el control de la gestión hospitalaria.
Para el senador Javier Macaya (UDI), con estos consensos "estamos en condiciones de aprobar esta partida; todos quisiéramos tener más recursos en salud, pero no solamente se trata de recursos. Lo que gasta el país en salud es bastante equivalente a lo que hacen los países desarrollados, y no es que Chile aspire a parecerse a los de la OCDE".
"Por lo tanto, también hay eficiencia en el uso de los recursos, y desde esa perspectiva, la evaluación al Programa de Atención Primaria, y lo que hacemos en materia de contratos con sociedades médicas y el control de gestión hospitalaria son muy importantes", destacó el gremialista.
En contraste, el socialista Juan Luis Castro matizó que el protocolo "es un punto de avance; no digo que es a plenitud la totalidad de las cosas que resuelven el presupuesto del sector, y creo que amerita la revisión en detalle de cada una de las glosas, para saber hasta dónde son compatibles las indicaciones que muchos de los colegas han presentado".
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