El diputado Longton (RN) dijo que se terminará el "efecto llamada" a migrantes para ingresar de forma irregular al país.
El subsecretario Monsalve aseguró que el tema se define en la Política Nacional de Migraciones y no en esta discusión.
El Senado despachó este miércoles la partida de Interior del Presupuesto 2024, la que incluye una polémica glosa sobre fondos para expulsiones de migrantes indocumentados.
Uno de los puntos aprobados incluye la posibilidad de ejecutar una estrategia nacional contra el terrorismo y la creación de un fondo para becas de estudio a hijos de Carabineros fallecidos en actos de servicio.
Además, una polémica glosa suplementa en hasta 3.500 millones los recursos para expulsiones administrativas, aunque se debe aprobar de vuelta en la Cámara Baja, en tercer trámite.
Junto a esto, se definió una restricción que impide al Servicio Nacional de Migraciones a usar sus recursos para regularizar a extranjeros que hayan entrado de manera clandestina o cuyo ingreso no conste a la autoridad: la norma había sido incluida por los diputados en primer trámite y fue ratificada hoy en el Senado.
El diputado Andrés Longton (RN), impulsor de esa norma, dijo que "esto derriba la postura del gobierno, que estaba en su programa, que solamente hablaba de regularizar a quienes ingresan irregularmente a nuestro país. Ese efecto llamada, que invitaba a los migrantes a venir irregularmente a nuestro país porque los iban a regularizar, con esta indicación se acabó y esto obliga al gobierno a activarse para poder ejecutar de manera más eficiente las expulsiones que hasta ahora no ha tenido ánimo de realizar".
"El incentivar la regularización de quien ingresó de manera ilegal -ya van casi 200 mil empadronados- está generando un efecto llamada: 'nadie me va a expulsar y después de un tiempo chile me va a regularizar'. Eso no puede seguir ocurriendo y el país no lo tolera más. Si quieren estar en el país de manera regular, salga y vuelvan a entrar", enfatizó.
Ante esta opción, el subsecretario Manuel Monsalve recalcó que "las normas para cualquier regularización están contenidas en la Política Nacional de Migraciones, que hoy día está en toma de razón de la Contraloría, y cuando hay política hay presupuesto. Por lo tanto, si es que el Gobierno decidiera hacerlo, tiene la partida de Tesoro Público para complementar el presupuesto".
Por ello, reprochó que la referida norma "es una indicación innecesaria que rigidiza las herramientas que el Estado tiene para enfrentar procesos migratorios".
Además, puntualizó que "la ley de delitos económicos endureció las penas para las empresas que contratan a personas que no están regularmente en Chile, por lo tanto, los empresarios tienen un problema que les gustaría que los resolviéramos, y en situaciones como esa el Gobierno tiene que tener herramientas para resolverlo. Una mujer que es víctima de trata de personas, que fue ingresada irregularmente al país y que en el marco de una operación policial fue rescatada de la trata de personas, ¿la vamos a dejar abandonada?".
Desde Apruebo Dignidad, la diputada Lorena Fries (Convergencia Social) cuestionó que con las disposiciones sobre migración incluidas en el erario "no vamos a saber quiénes son, si tienen o no antecedentes, no vamos a saber ni siquiera a quién expulsar".
"Además de contravenir normas internacionales en materia de derechos humanos, es un despropósito. Obviamente las personas que se sientan afectadas pueden recurrir a los mecanismos internacionales", agregó.
Durante esta jornada se inició el debate de la partida de Educación, la que ha estado marcada por el conflicto que generó el extenso paro de profesores en Atacama.
El senador Javier Macaya (UDI) indicó que "hoy día hemos llegado a un punto crítico, no podemos hacer como que no ha pasado nada. Es necesario, particularmente por quienes gobiernan, que fueron los mismos que implementaron esta reforma el año 2014, que tomen conciencia de las crisis que vivimos y que en los próximos meses se instale una mesa de expertos, que tenga el concurso del Senado, para proponer las modificaciones a la nueva educación pública".
"La ley necesita modificaciones urgentes y es fundamental que logremos acordar esas modificaciones", reiteró.
