La medida entregará nuevas herramientas a los municipios, policías y al SII para mejorar las fiscalizaciones y multas.
Juan Pablo Swett sostuvo esta medida es "más de forma que de fondo" si los municipios no ayudan a erradicar el comercio ilegal.
El pasado lunes, 7 de febrero, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que sanciona el comercio ilegal y que entregará nuevas herramientas a los municipios, policías y al Servicio de Impuestos Internos (SII) para mejorar las fiscalizaciones y multas.
En el caso del comercio clandestino, se tomarán medidas de multas de hasta 10 UTM y presidio desde los 61 días hasta los 5 años.
Las municipalidades tendrán la opción de fijar lugares donde pueda converger el comercio establecido y el comercio ambulante.
Además, la ley sancionará la falsificación de productos y la reproducción de obras protegidas por ley, con penas de cárcel y multas.
Esta nueva normativa autoriza a las policías, inspectores municipales y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar el cumplimiento de las normas, pudiendo requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.
"Vemos la existencia de verdaderas mafias del comercio ilegal, que se toman los territorios y generan otros delitos como es el tráfico de drogas o el uso de armas, que generan un enorme daño a los vecinos y también al comercio establecido", señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez.
"Por eso es tan importante esta nueva ley de comercio ilegal, que entrega nuevas y mejores herramientas para perseguir a toda la cadena que participa en el comercio ilegal: quienes distribuyen, quienes almacenan o quienes producen productos ilegales, creándose así la figura de asociación ilícita", agregó.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente Gustavo Alessandri expuso que "si bien la normativa dispone de nuevas herramientas para la fiscalización, la realidad de muchas comunas demuestra una falta crítica de personal, viéndose habitualmente sobrepasadas en sus capacidades humanas y técnicas".
Por ello, la implementación de la ley "debe ir acompañada de presupuesto y una acción permanente de difusión, desincentivando la compra en el comercio ilegal, pero a la vez otorgar oportunidad a quienes se han visto a buscar una fuente de ingresos en tiempos de crisis", instó el alcalde de Zapallar.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, valoró que se legisle ya que "el comercio ilegal está absolutamente desbordado, no solamente en la Región Metropolitana, sino que también en todas las regiones del país, donde se generan pérdidas de más de 160 millones de dólares anuales que deja de recibir el Estado por concepto de impuestos".
En ese marco, "creemos que esta ley es más de forma que de fondo", puntualizó.
"Si aquí no hay una acción decidida por parte de los municipios de atacar el comercio ilegal, de perseguirlo y erradicarlo de las calles, claramente esta ley será letra muerta", aseguró.
