El oficialismo ha salido a cuestionar uno de los artículos de la Ley Pro Consumidor, impulsada por el Gobierno y despachada por el Congreso este martes, que prohíbe a los comercios asociar ofertas a una determinada tarjeta de crédito, una práctica común del retail.
Antes de la promulgación de la norma, que contiene varios avances para equiparar la cancha entre consumidores y empresas, senadores de Chile Vamos han solicitado al Presidente Sebastián Piñera vetar la indicación, argumentando que perjudicaría a los consumidores y limitaría la libertad económica.
"Es una mala indicación, que probablemente tiene un sentido como de hacer justicia, pero la verdad es que retrocede en el tiempo (en cuanto a) la libertad económica, porque hoy día los consumidores, mientras más ofertas tengamos y más alternativas nos dé el mercado para que nos hagan descuentos, mucho mejor", planteó Carmen Gloria Aravena (Ind-RN).
También se sumó a la petición Kenneth Pugh, independiente del mismo comité, considerando que legalizar en la materia "impediría a quienes quieren ahorrar mediante los descuentos de las tarjetas hacer uso de ellas".
A su vez, el diputado independiente de oposición Karim Bianchi, autor de la moción sobre las ofertas, la defendió sosteniendo que "no hay que ser un legislador muy avezado ni una persona muy experta en economía para darnos cuenta de que es una situación que (crea) una máquina de captación de tarjetas de crédito y de cobros asociados, y está bien, pueden seguir funcionando, pero queremos que tengan mejores condiciones para el cliente".
"¿Por qué una tarjeta de una casa comercial tiene que valer más que un billete?", reflexionó el legislador, al tiempo que acusó que "esto ha tenido un lobby tremendo".
A la espera de la promulgación, el ministro de Economía, Lucas Palacios, ha dicho que no descarta la idea de un veto a esta indicación, que también ha recibido críticas desde la Cámara Nacional de Comercio.
El presidente de la CNC, Ricardo Mewes, aseguró que con esta norma "los consumidores no podrán acceder a muchos beneficios a los que hoy están acostumbrados, entre ellos importantes descuentos a los que actualmente tienen acceso en precios de bienes y servicios, y todo ello porque debido a una indicación parlamentaria, que erróneamente busca corregir prácticas indeseadas, en definitiva castiga a los consumidores".
En tanto, Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero, indicó que "estamos frente a una mala política pública, la cual se debería corregir. No es posible que un proyecto que contiene numerosas reformas en favor de los consumidores, incorpore una norma en contra de los consumidores".
