El ente regulador antimonopolios visó las pretensiones de la empresa dueña de Jumbo de hacerse con Economax e Infante, pero frenó la intención de D&S de adquirir tiendas en la Séptima Región.
La Fiscalía Nacional Económica decidió dar luz verde a la compra por parte de Cencosud, dueña de Jumbo y Santa Isabel, de los supermercados Economax e Infante, en las regiones Metropolitana y Segunda, respectivamente.
Enrique Vergara, titular del organismo público, indicó que se visaron las compras que lleva adelante el holding Cencosud de los 12 locales de Economax, avaluados en 60 millones de dólares, porque la adquisición no varía mayormente las condiciones de mercado en la capital, donde los también dueños de Almacenes París llegarán a controlar el 40 por ciento de los locales, cifra similar a la que actualmente poseen.
La misma situación ocurre en la Segunda Región con supermercados Infante, por lo que la empresa de Horst Paulmann manifestó en un comunicado su satisfacción con resuelto.
Por el contrario, Vergara decidió pedir al Tribunal de la Libre Competencia que se impida que D&S, dueña de Líder, adquiera las tiendas El Pilar, en la Séptima Región, ya que de llevarse a cabo, la empresa superaría el control del 85 por ciento del mercado en Linares y el 76 por ciento en Talca, en un evidente monopolio.
Además, la Fiscalía nacional Económica recalcó la inconveniencia de que D&S compre Montserrat, ya que su participación en la Región Metropolitana se convertiría en "peligrosa".
El fiscal Vergara además se solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordene la consulta previa de toda nueva operación de compra de supermercados.
Según estimaciones de analistas del sector, D&S tiene 33 por ciento de participación en el rubro de supermercados y Cencosud 27 por ciento.
Protección para los proveedores
La Fiscalía Nacional Económica también pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento en contra de las firmas D&S y Cencosud, para que se les prohíban prácticas abusivas contra proveedores.
La solicitud apunta a que se impida a los supermercados extender los pagos a los proveedores más allá de 30 días y que no se autoricen los cobros que no tengan una clara justificación en costos.
Además, el organismo pidió que no se permita la falta de escrituración de los contratos y el cambio unilateral en las condiciones pactadas, estableciendo un acuerdo marco para que todos los proveedores y supermercados tengan un comportamiento similar y de común respeto.
Uno de los conflictos que enfrenta el sector es la acusación de los proveedores respecto a que los supermercados están buscando terminar con los reponedores externos, lo que terminaría con la igualdad de competencia entre los productos de las propias tiendas y los de empresas externas, que se verían menos destacados, según sus temores.
La Asociación Gremial de Proveedores destacó en un comunicado que algunos de los planteamientos de la autoridad coinciden con lo que ellos piden, por lo que esperan un pronto arreglo que beneficie a ambas partes y a los consumidores.
Ahora, el Tribunal de la Libre Competencia inicia un proceso de seis a ocho meses para ver si acoge las peticiones de impedir compras de supermercados e imponer un acuerdo marco entre proveedores y los compradores. (Cooperativa.cl)
