Los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García, y de Hacienda, Mario Marcel, acompañados por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, dan a conocer los detalles de la medida de reajuste a los contratos con las empresas constructoras afectadas por alza del precio de los materiales.
Este mes el Gobierno realizó una modificación al reglamento para los contratos de obras públicas que permitirá reajustar el valor de los pagos pactados con el Estado, y que desde el MOP revelaron que la medida tendrá un costo cercano a los 350 mil millones de pesos para el fisco.
Esta medida podría cubrir un universo potencial de 1.423 contratos con 436 empresas, lo que involucra a 30 mil empleos en 95 obras con riesgo de paralizar, y que tendrá como objetivo mitigar la crisis que vive el rubro de la construcción.
Para Errázuriz, este anuncio es muestra de que cuando "el mundo público y el mundo privado intentan en conjunto resolver los problemas, actuando colaborativamente, da frutos. Creo que podemos avanzar mucho en todos los nuevos proyectos que el país y la ciudadanía requieren".
"Tenemos, por otro lado, un déficit importante de vivienda en este país. Tenemos que desafiarnos a ver cómo construimos esas viviendas, como también la infraestructura que tanto necesita este país", agregó.
"De una primera medida que tomamos fue que el 90% de los contratos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas a partir del mes de septiembre pasado, integran un nuevo mecanismo que en el mismo contrato se integra un reajuste en función del valor de los materiales, al alza o baja de los materiales, distribuyendo los riesgos entre el sector público y el sector privado", explicó el ministro García.
"Este es un mecanismo que nos entrega certidumbres a todos", agregó.
El titular del MOP enfatizó que "reconocemos esta alza de materiales que han sufrido las empresas, y hemos incorporado un reajuste de manera retroactiva a los contratos que tenemos hoy como Ministerio de Obras Públicas (...) nos permitirá hacer que 1.400 contratos se vean beneficiados con esta medida".
Las excepciones de esta nueva política son los contratos vigentes en infraestructura pública, los casos en que se encuentre dictada una resolución que designa la Comisión de Recepción Única Provisoria, y también donde se haya dado término anticipado al contrato, o donde exista abandono unilateral de la obra.
Las empresas que cuenten con estado de pago desde septiembre del 2021 tienen hasta el 31 de marzo del 2023 para expresar su interés en esta modificación.
APROBACIÓN MEGAPROYECTO EN ÑUÑOA
Si bien García no comentó respecto a la aprobación del megaproyecto que se ubicará al frente de la Plaza Egaña en Ñuñoa, por tratarse de obras privadas, el líder de la CChC lo calificó como una "muy buena noticia", pues "siempre han intentado trabajar por las certezas de los proyectos (...) y las medidas que se toman al inicio deberían ser respetadas durante toda la ejecución".
"Eso es lo que hoy día de alguna manera ha producido incertezas en algunos proyectos y la resolución de hoy día del SEA viene a modificar esto y nos parece que es una muy buena noticia, no obstante que hay otros proyectos que también deberíamos preocuparnos, como es el tema de Estación Central", agregó.
Mientras que la alcadesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, dijo que "consideramos inaceptable que a partir de resquicios legales se evada el fondo de la situación y que tiene que ver con los tremendos impactos que este megaproyecto va a traer a la comuna y a los vecinos y vecinas aledañas al megaproyecto. Esto significa impacto en la cantidad de áreas verdes, congestión, problemas en redes sanitarias, entre muchos otros que, lamentablemente hasta el día de hoy, no han sido abordados con la seriedad que merecen a partir de las instancias de evaluación ambiental".
EXPERTO DESCARTA IMPACTO A GRAN ESCALA
Carlos Schmidt, investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la U. del Desarrollo, comentó tras el anuncio que "sin duda que este apoyo al emprendimiento y el empleo va a tener impacto, pero no el impacto que uno podría imaginar, porque si lo pensamos bien, los proyectos del MOP son conservaciones, mantenciones, reparaciones de caminos que tienen bajo impacto en el desarrollo".
"Por otro lado, en mano de obra directa tampoco es tan relevante, porque tres de cada cuatro trabajadores del sector construcción lo hace en el sector de vivienda, y los proyectos del MOP son mucho más intensivos en maquinarias y equipos", reflexionó.
En ese sentido, indicó que "las expectativas no son de que sea un efecto muy grande; sin duda que para esas empresas el generar mayores flujos hace que tengan mayor liquidez, y por lo tanto, la posibilidad de quiebra empieza a disminuir, y desde esa perspectiva es importante, porque sin duda que hay efectos en términos de empleo directo e indirecto".