Los títulos de Evergrande caían un 10,2 por ciento, algo que se traduce también en un desplome acumulado del 85,7 por ciento en lo que va de año.
El Banco Popular chino salió a asegurar que el riesgo de contagio de la crisis de Evergrande para otras compañías del sector es "controlable" y que "no tendrá un impacto negativo".
Las acciones del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande cotizadas en Hong Kong cayeron este lunes a mínimos desde mediados de 2010 después de que la compañía anunciase que es posible que no pueda hacer frente a toda su deuda y que negociará un plan de reestructuración con sus acreedores 'offshore'.
Los títulos de Evergrande caían un 10,2 por ciento, algo que se traduce también en un desplome acumulado del 85,7 por ciento en lo que va de año.
El anuncio también supuso un balde de agua fría para los inversores debido a que este lunes también es la fecha límite de las prórrogas para pagar un total de 82,5 millones de dólares en concepto de intereses de dos paquetes de bonos 'offshore', uno con vencimiento en noviembre de 2022 y otro, un año después.
Evergrande debía haber abonado esas cantidades el pasado 6 de noviembre, pero las cláusulas de sus bonos incluyen una prórroga de 30 días naturales tras la fecha de pago antes de que se pueda considerar que la compañía ha incurrido oficialmente en impago.
El portal de noticias económicas Caixin apuntó que el impago podría generar una situación de 'cross-default' ("insolvencia cruzada"), en la que el incumplimiento con un solo acreedor basta para que otros puedan reclamar la devolución de sus préstamos.
Ese medio recordó que la deuda 'offshore' de Evergrande es de más de 19.000 millones de dólares, cantidad relativamente pequeña en comparación con el pasivo total del grupo, que supera los 300.000 millones de dólares, aunque según las autoridades chinas solo un tercio de esa cantidad se corresponde a obligaciones financieras.
Tras semanas de cierta calma en las que el conglomerado fue esquivando los impagos sobre la bocina en varias ocasiones, el viernes por la noche volvieron a sonar las alarmas tras un comunicado en el que Evergrande avanzaba el posible impago de 260 millones de dólares de un aval.
El grupo reveló que había recibido una demanda para afrontar el citado pago en un momento en el que "no hay ninguna garantía" de que disponga de fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras ante su crisis de liquidez, causada en parte por las restricciones impuestas por Beijing al acceso a la financiación bancaria para las promotoras más endeudadas.
En el mismo documento, el grupo anunció su intención de negociar con sus acreedores un plan "viable" para la reestructuración de su deuda 'offshore'.
En los minutos siguientes a la publicación del comunicado, las autoridades chinas reaccionaron en cadena: primero, las autoridades de la provincia suroriental de Cantón, donde la compañía tiene su sede, anunciaron que destinarían un "grupo de trabajo" a Evergrande para "resolver sus riesgos de forma efectiva".
Tras ello, el Banco Popular de China (BPC, central) y los reguladores de bancos y aseguradoras y del mercado de valores salieron al paso para lanzar mensajes de calma y asegurar que el riesgo de contagio de la crisis de Evergrande para otras compañías del sector es "controlable" y que "no tendrá un impacto negativo" en el sistema financiero del país.
El BPC también aprovechó para reiterar que su prioridad es "proteger los derechos legítimos de los compradores de viviendas" y culpar a Evergrande de generar sus propios problemas debido a lo que calificó de "mala gestión y expansión desenfrentada".
