Mina Invierno expresó su "profunda decepción" frente a la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que entregaba permiso a la empresa para efectuar tronaduras en el proyecto ubicado en Isla Riesco, en la Región de Magallanes.
A través de un comunicado, la empresa aseguró que el fallo traerá como consecuencia "la paralización de las operaciones en noviembre de 2019".
"Sin perjuicio que la empresa está analizando los alcances y fundamentos de lo resuelto, se trata de una medida incomprensible desde el punto de vista técnico, ambiental y legal que, si se generaliza como criterio, en la práctica dificulta aún más el hacer minería en Chile", agregaron.
Además, se refirieron al rol que ha tenido la compañía en el "desarrollo económico y social" de la región, donde -dicen- "el 90 por ciento de los puestos de trabajo corresponden a mano de obra local y más de 200 Pymes regionales contratistas son parte de esta cadena productiva. Hoy, más de 1.000 mil personas y sus familias se están viendo afectadas por la pérdida de sus empleos".
Respecto a la resolución, el comunicado asegura que "dos ministros de este tribunal han decidido invalidar el trabajo y conocimiento especializado de decenas de profesionales chilenos y extranjeros. Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales descartaron que el uso de tronaduras generara efectos adversos en el rescate de los fósiles vegetales".
"En un contexto económico complejo a nivel nacional y regional, la paralización de Mina de Invierno es un hecho grave y que establece un precedente preocupante para la inversión y el desarrollo de futuros proyectos, dada la incerteza jurídica que genera el actuar de este tribunal ambiental", cuestionaron.
"Lamentamos profundamente las consecuencias del fallo para la comunidad magallánica, no obstante, continuaremos haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles, con la convicción de que el trabajo que hemos desarrollado, así como la razón técnica y la labor de las instituciones públicas que han participado del estudio de este proyecto sean reconocidos en las instancias que corresponden", agregaron.
Respecto a la situación, por su parte, la presidenta del Sindicato de Mina Invierno, Macarena Hernández, manifestó que ellos continuarán luchando por mantener sus fuentes laborales y agregó que "para nosotros los trabajadores, esto es lamentable".
"Sobre todo los argumentos que dieron para dirigir ese fallo. A nosotros ya no nos queda material para poder seguir produciendo. Tenemos trabajo hasta octubre-noviembre y de ahí ya no sabemos qué va a pasar con nosotros. La batalla aún no está perdida. Nosotros como trabajadores vamos a seguir peleando por la fuente laboral", agregó.
Gobierno: Es una mala noticia
Se espera que Mina Invierno recurra a la Corte Suprema y previamente el Gobierno ya había manifestado explícito respaldo para que la empresa llegue a dicha instancia judicial.
En ese sentido, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, aseguró que "no nos corresponde a nosotros comentar un fallo. Esto es parte de un proceso. La empresa en cuestión tendrá que ver qué recursos dispone y cómo puede adaptarse a esta situación".
"Nosotros estamos haciendo lo que corresponde para fomentar el surgimiento de empresas, el desarrollo de inversiones en regiones y claro, ciertamente, no es una buena noticia que una actividad industrial como esa sea objeto de esta resolución", agregó.
Una postura que comparte la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) que emitió una declaración en que aseguran que no solo es una "muy, muy mala noticia", sino que califican la actitud del tribunal de "antiminería".
El presidente del gremio minero, Diego Hernández, aseguró que la decisión del tribunal "que aumenta el riesgo de cualquier proyecto de exploración y explotación desde la región de Ñuble hasta Magallanes, esterilizando todo el potencial minero que tiene esa zona en perjuicio de esas regiones y el país".
"Esta medida es desproporcionada y el argumento del componente paleontológico es una excusa para asfixiar a la empresa", fustigó.
El abogado representante de la organización ciudadana Alerta Isla Riesco, Diego Lillo, valoró el fallo del Tercer Tribunal Ambiental.
"La irregularidad en concreto que detecta es que aquí hubo información que nunca existió, hubo hallazgo de fósiles que nunca fueron informados, además de otras infracciones que habíamos detectado que por una u otra razón no están dentro de lo decidido por la sentencia. Sin embargo, por lejos la más evidente y la más patente era el componente paleobotánico, de modo que estamos muy satisfechos de todas formas por el resultado", declaró el jurista.
