El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) realizó un masivo operativo de fiscalización en la División El Teniente, en la Región de O'Higgins, luego de que se diera a conocer el ocultamiento de información técnica por parte de Codelco respecto al derrumbe ocurrido en 2023.
El equipo fiscalizador estuvo compuesto por 15 expertos multidisciplinarios y seis vehículos, cuyo objetivo es auditar -en terreno- la seguridad de la faena y restaurar el imperio de la ley minera ante la entrega de datos adulterados por parte de la cuprífera estatal, según detalló el organismo técnico.
"Estamos en Colón marcando el punto inicial de un proceso de fiscalización continua y exhaustiva, ejecutando un peritaje técnico independiente e inobjetable. Nos hemos desplegado con 15 fiscalizadores para determinar de manera fehaciente cualquier desviación respecto a los permisos otorgados por nuestro servicio", informó Mauricio Lorca, director nacional (s) de Sernageomin.
"Nuestro objetivo es obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena para garantizar por, sobre todo, la vida de las personas y reconstruir la trazabilidad de la seguridad que fue comprometida por el ocultamiento de datos", complementó.
La autoridad precisó que la presencia de Sernageomin en El Teniente "busca validar cada dato que fue sustraído del control de la autoridad, pues la seguridad y la fe pública no pueden ni deben depender de información alterada".
Denuncias formales
El organismo ya interpuso denuncias formales ante Fiscalía y la Contraloría General de la República para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas por el quiebre de los protocolos de reporte de seguridad minera y el uso malicioso de instrumentos de reporte oficial tras el estallido de roca ocurrido en 2023, que no dejó víctimas fatales.
Los hallazgos obtenidos durante la fiscalización formarán parte de los antecedentes críticos para la Mesa de Trabajo Técnica que sesionará este lunes 23 de febrero.
Dicha instancia se mantendrá en vigencia hasta el esclarecimiento total de los hechos y la restitución plena de de la soberanía técnica que exige la ley a la industria minera.
