Parlamentarios de la Nueva Mayoría critican la inacción que hasta ahora ha mostrado el Ejecutivo en este tema.
El ministro Nicolás Eyzaguirre aseguró, en tanto, que hay "avances muy concretos" que poner sobre la mesa.
La petición de anular la llamada "Ley Longueira" surgió de diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana.
El Gobierno salió al paso del proyecto presentado por diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana para anular la Ley de Pesca, anunciando que propondrá una serie de "modificaciones" a la normativa aprobada el año 2012, bajo la administración de Sebastián Piñera.
"Yo quiero decir con entera claridad –me toca en mi carácter de ministro coordinador (de la agenda legislativa)- que el Gobierno no es que esté en estudio o en consideración o en elucubraciones, sino que tiene avances muy concretos que proponerle a este Congreso de modificaciones de la Ley de Pesca -que, por supuesto, no voy a adelantar-, porque creemos que tiene falencias importantes", afirmó el secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre (PPD).
En la misma línea se manifestó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (DC): "Vamos a proponer modificaciones, de forma tal de perfeccionarla y que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia", dijo el secretario de Estado, según La Tercera, luego de declarar como "inconstitucional" la moción señalada.
El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, indicó que "en nuestra institucionalidad no existe la anulación de leyes y por eso es que nosotros hemos dicho que dado ese factor legal nos parece que esta resolución que han tomado los parlamentarios es inconstitucional".
"Estamos evaluando el conjunto de efectos que se producen en el país, porque estos no son solo efectos legislativos sino que también hay efectos económicos, legales, por lo tanto informaremos cuando hayamos tomado una decisión después de hacer un análisis ponderado de todos los factores", precisó.
Oficialismo crítico
Este anuncio no ha evitado que desde la propia Nueva Mayoría se multipliquen las críticas por la manera en la que el Ejecutivo se ha manejado en medio de esta discusión.
"El Gobierno debería darnos a conocer cuál es el proyecto que ellos tienen. Aquí tiene que terminar el que los propios parlamentarios de la Nueva Mayoría nos informamos, generalmente, por la prensa, de los proyectos del Gobierno", alegó el jefe de la bancada de diputados del PPD, Jorge Tarud.
"Nos gustaría participar en la etapa prelegislativa", explicó Tarud, quien se mostró contrario a la propuesta de anulación.
"Un parlamentario debe respetar la Constitución y las leyes, y la nulidad no está en nuestro ordenamiento jurídico. Como se debe proceder en forma razonable y responsable es presentando un nuevo proyecto de ley con una nueva Ley de Pesca, y una vez aprobada esta nueva ley se deroga la ley vigente", exclamó.
Más duro en sus críticas fue el diputado socialista Osvaldo Andrade, próximo presidente de la Cámara Baja, quien acusó derechamente que la inacción de parte del Ejecutivo ha redundado en el actual escenario.
El ex timonel PS recordó que en su discurso del 21 de mayo del año pasado la Presidenta Michelle Bachelet confirmó un proceso de evaluación de la Ley de Pesca encabezado por la FAO; anuncio que había realizado en su cuenta pública anterior, del año 2014.
"Desde el 21 de mayo el Gobierno debería haber hecho esa pega. La Presidenta de la República el 21 de mayo en su mensaje dijo que había que revisar la Ley de Pesca. Alguien no ha hecho la pega, pero la Presidenta dio la instrucción, entonces no vengan a estas alturas del partido a decirme algunos importantes personeros de Gobierno que esto es inadmisible, cuando del 21 de mayo a la fecha han pasado varios meses en que la pega no se ha hecho", dijo Andrade.
"Yo reclamo eso. Yo no tengo ningún inconveniente en establecer las complicidades necesarias con mi Gobierno, porque soy parte de este Gobierno y de la Nueva Mayoría, pero esto tiene que ser recíproco. El Parlamento no tiene por qué asumir el costo completo de esta situación, más aun cuando el fuego amigo viene del propio Gobierno", advirtió Andrade.
En tanto, el diputado del PC, Hugo Gutiérrez, respondió a quienes consideran inconstitucional la moción que busca anular la ley de Pesca que la normativa surgió desde la corrupción.
"Una legislación que se consiguió a través de la corrupción, no respetó el Estado de Derecho, así que todos aquellos que hoy día plantean que este proyecto de nulidad rompe el Estado de Derecho quiero decirle que ellos lo rompieron primero al corromper a nuestros legisladores", dijo el comunista.
A su turno, el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, apuntó sus dardos al Partido Comunista, asegurando que "solo quieren destruir", rechazando que la ley hubiese sido aprobada bajo presiones a los legisladores.
"Aquí hubo del orden de 100 parlamentarios que aprobaron esta norma y si alguien quiere creer que esa situación se debe a que se compraron a 100 parlamentarios, está profundamente equivocado, es un insulto grave, una injuria impropia que solamente se explica porque la está pidiendo el PC que no le importa ni la institucionalidad, ni la economía del país, ni el medio ambiente ni nada, le importa destruir", aseveró el líder del gremialismo.
El Gobierno aún no ha informado qué cambios pretende hacer a la ley de Pesca, si estima que la moción parlamentaria es inconstitucional, mientras que parlamentarios de la Nueva Mayoría piden al Gobierno no informarse de ello por la prensa.
