"Incomprensible que ningún representante de nuestro sector haya sido considerado para asistir", reclamó la gremial.
Acusando que no se invitó al sector industrial al acto de este jueves, "como una señal para invisibilizar y estigmatizar", la gremial Pescadores Industriales del Biobío rechazó el anuncio de una nueva ley de Pesca y apeló que en el Congreso "se puedan corregir las señales negativas y prejuicios que escuchamos esta mañana por parte del Presidente".
"Queremos una economía estable, más y mejores empleos, desarrollo y prosperidad en las regiones, pero todo eso no es posible si el objetivo de este proyecto es retrotraer o hacer decrecer una actividad productiva industrial altamente sofisticada, sostenible y exportadora que compite en los mercados más exigentes del mundo", dijo Macarena Cepeda, presidenta del grupo.
La organización, que reúne a las empresas Camanchaca, FoodCorp, Blumar, PacificBlu, Landes y Orizon, añadió que es "incomprensible que ningún representante de nuestro sector haya sido considerado para asistir en igualdad de condiciones y oportunidades con el sector artesanal. Esta ley regirá al sector en su conjunto, por lo que simplemente pedimos un trato justo. Lamentablemente, todo esto contradice y, en los hechos, desautoriza las declaraciones del propio Presidente Boric, pues la voluntad de diálogo y entendimiento queda finalmente subordinada al prejuicio ideológico de buena parte de sus colaboradores".
"Las palabras del Presidente y sus ministros de Economía y Hacienda, en orden a generar incentivos para la inversión, el crecimiento económico y el diálogo con el sector privado, se desdibujan totalmente al presenciar este tipo de comportamientos alejados de la buena e histórica práctica republicana y trato justo con el sector privado", reclamó el conjunto de grandes empresas.
En la vereda contraria se ubicaron los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), quienes valoraron el anuncio del Mandatario, pidiendo además que la futura norma contemple "autonomía para la fiscalización, objetivo para el que se deben resolver materias estructurales y presupuestarias necesarias para ejercer las funciones atingentes al rol" de la entidad.
La AFUS-Sernapesca añadió que "los honorables (parlamentarios) y quienes trabajan en el sector bien saben cuánto ha crecido la actividad pesquera y acuícola nacional, las divisas que genera para la economía del país, el impacto en el comercio internacional, en el empleo y en la producción sectorial. También están en conocimiento de que estamos frente a una ciudadanía que demanda activamente fiscalización en materia medioambiental, tanto de ecosistemas marinos como de cuidado de recursos pesqueros y fauna marina".
"Nuestra propuesta concreta es que Sernapesca sea considerado un organismo fiscalizador del Estado, con una nueva estructura orgánica, y con los ajustes presupuestarios correspondientes, que permitan asegurar cubrir todas las acciones operativas para dar cobertura a las múltiples tareas del quehacer fiscalizador", añadió la organización de trabajadores.
