El Juzgado de Garantía de Porvenir accedió a ampliar el plazo de la investigación contra cinco exejecutivos de la empresa Nova Austral SA, a quienes la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado y comunidades indígenas - como querellantes- les atribuyen delitos de fraude de subvenciones y contaminación de aguas.
En una audiencia efectuada el martes en el tribunal sureño, el juez Pablo Aceituno acogió la petición formulada por la Fiscalía y amplió la indagatoria en 60 días por existir diligencias pendientes, incluida la revisión de 1 millón 419 mil 679 correos electrónicos.
También está pendiente la realización de entrevistas a los fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cuyos informes originaron las sanciones cursadas por la autoridad administrativa contra la empresa.
LOS CARGOS INVESTIGADOS
Según el Ministerio Público, "el entonces gerente de producción de Nova Austral, Arturo Schofield Muga, previamente concertado con los coimputados Drago Covacich Mckay, gerente regional; Nicos Nicolaides Bussenius, gerente general; y los jefes de área Rigoberto Antonio Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio, al menos desde diciembre de 2016 y hasta junio de 2019 realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos sobre la siembra, cultivo, cosecha y mortandad que debían proporcionar a los organismos fiscalizadores de los centros de producción de la salmonera", explicó el Poder Judicial.
En dicho contexto, en una reunión efectuada en junio de 2017, Schofield ordenó que en 16 centros de cultivo que la empresa operaba en la costa de la Isla Capitán Aracena (comuna de Punta Arenas) y en el Canal Cockburn (comuna de Cabo de Hornos) "se implementara un programa paralelo al sistema de control de producción (Fish Talk), con el objetivo de entregar a Sernapesca información adulterada de los indicadores para la evaluación de la condición sanitaria y ambiental de dichas plantas de cultivo".
Esta información falsa permitió que los centros de cultivo de Nova Austral obtuvieran una clasificación de bioseguridad alta, en circunstancias que los datos reales habrían implicado una clasificación de bioseguridad baja dos y "necesariamente, una reducción del 60 por ciento de ejemplares a sembrar".
Asimismo, desde diciembre de 2016 y hasta junio de 2019, los imputados, en sus roles de directivos y trabajadores de Nova Austral "habrían incurrido en diversas y reiteradas infracciones a la ley y reglamentos medioambientales, así como la resolución de calificación ambiental que autorizó la actividad acuícola", sostiene la imputación de la Fiscalía.
