La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, defendió a los diputados Arturo Squella y Juan Antonio Coloma ante las suspicacias que despertó un reportaje de Ciper que informó sobre sus boletas y correspondientes pagos por parte de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes).
Los pagos, que la Asociación realizó mientras ambos estaban en campaña electoral el 2009, suman 3,3 millones de pesos en el caso de Squella y 4,4 millones en el de Coloma Álamos; ambos por trabajos de "seguimiento legislativo", según explicaron a Ciper.
"Estamos hablando de fechas en donde ellos tenían legítimo derecho a ganarse la vida. ¿Qué ventaja tendría para las pesqueras ir a contratar candidatos que no fueron nunca electos? Ninguna", dijo tajante Van Rysselberghe, quien entre 2009 y 2013 recibió 17 millones de pesos como aportes reservados legales de campaña de industrias pesqueras.
"Tú contratas a personas que conoces, tú contratas a gente con la cual tienes vinculaciones, tú contratas a personas que eventualmente te dan ciertas garantías, y todos ellos eran personas jóvenes, abogados prestigiosos, inteligentes, que tienen en su currículum las habilidades y competencias para poder trabajar", agregó la timonel gremialista.
Juan Antonio Coloma (izquierda) y Arturo Squella recibieron de Asipes 4,4 y 3,3 millones de pesos, respectivamente. (Foto: ATON)
Los otros parlamentarios con boletas a pesqueras
De acuerdo con Ciper, también boletearon para empresas pesqueras la esposa del diputado DC Patricio Vallespín, el diputado DC Fuad Chahín, y asesores de los senadores independientes Carlos Bianchi y Antonio Horvath, y del RN Francisco Chahuán.
En el caso de este último, la asesora Ana Eugenia García Aillón -integrante del equipo de campaña- aparece recibiendo cuatro millones de pesos por dos boletas, documentos que reconoció se utilizaron para cancelar gastos electorales.
A su turno, Chahín defendió el pago de dos millones de pesos que recibió de la pesquera Blumar y explicó que se trató de asesorías en la confección de contratos que hizo conforme su profesión de abogado, descartando de plano que esto haya tenido injerencia alguna en su votación de la Ley de Pesca.
"Es bien ridículo, porque son cuestiones que no tienen ningún tipo de relación. Yo, de hecho, fui, quizás, el más férreo opositor a la Ley de Pesca en la Cámara de Diputados. No sólo voté en contra, lideré un grupo de 49 diputados que recurrimos al Tribunal Constitucional para impugnar esa ley, porque la considerábamos que infringía nuestra Constitución Política", sostuvo el parlamentario.
"Yo fui, quizás, el más férreo opositor a la Ley de Pesca en la Cámara de Diputados", dijo el DC Fuad Chahín frente a los cuestionamientos.(Foto: Aton Archivo)
Hugo Gutiérrez le cree a Chahín
La respuesta de Chahín ante los cuestionamientos dejó conforme a su par comunista Hugo Gutiérrez, uno de los querellantes del caso Corpesca: "Sin duda, la explicación que da es plenamente satisfactoria, y yo puedo dar testimonio de que, efectivamente, él estuvo en contra de la legislación que propuso el ex ministro Longueira", sostuvo el diputado por la Región de Tarapacá.
"Creo que, con el comportamiento que tuvo el diputado Chahín, no corresponde que uno pueda pensar que él tuvo algún tipo de vinculación con estas empresas pesqueras", remató Gutiérrez.
Otro de los mecionados en el artículo de Ciper, es el actual seremi de Educación del Biobío, Sergio Camus (PS), quien figura como el receptor de seis millones de pesos por parte de Asipes.
Camus, que es muy cercano al cuestionado ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico, explicó que los pagos corresponden al trabajo que hizo siguiendo causas judiciales en el marco de su profesión de abogado.
"Responden a trabajos jurídicos de seguimiento e informes de causas, tramitaciones en tribunales, durante los meses de abril a septiembre, aproximadamente, del año 2009. No hay ninguna irregularidad en una acción profesional como la que he señalado", explicó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, remitió estos antecedentes sobre emisión de boletas de honorarios a la comisión de Ética y Transparencia para que revise los vínculos entre parlamentarios y empresas.
