Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), en conjunto con la Asociación de Consumidores Nuestro Tiempo (ACU Nuestro Tiempo), reveló que el uso y efectividad de la Ley de Portabilidad Financiera solo estaría siendo aprovechada por los quintiles más ricos de la población.
Esta normativa, promulgada en junio del 2020 y que tiene como objeto la promoción de la portabilidad entre instituciones financieras, o de un producto (servicio financiero) vigente a otro nuevo producto con el mismo proveedor, arrojó dispares resultados de efectividad entre distintos segmentos de la población.
Según consignaron los resultados de esta encuesta, la efectividad de dicha legislación encontraría mayor efectividad en los segmentos de más altos ingresos, los que representan un 16,5 por ciento de la muestra y quienes habrían hecho mayor uso de ésta, demostrando también más conocimientos sobre sus distintos elementos.
"Ha caído el incentivo de arbitraje del corazón de la ley"
"Respecto a los productos o servicios portados, dominan aquellos que presentan solicitud por cambio de proveedor financiero (62 por ciento), especialmente para capturar diferenciales de tasas de interés en créditos hipotecario (75 por ciento de los que intentaron portarse). Este punto también es una señal de lo regresivo de la ley, y merece especial atención", advirtió Stefan Larenas, presidente de Odecu.
En esta línea, afirmó que "durante el último trimestre del año se han restringido fuertemente las condiciones de otorgación de créditos por parte de las instituciones financieras dada la caída en liquidez del mercado, lo que ha redundado en mayores tasas de interés asociadas al común de los créditos (incluido el hipotecario), y por ende, ha caído el incentivo de arbitraje del corazón de la ley, haciéndola inoperante en la práctica".
"Existe una evolución negativa"
Por su parte, Iván Valdés, presidente de ACU Nuestro Tiempo, lamentó "la evaluación negativa que tienen los clientes respecto a la atención y facilidades que dan los proveedores financieros al momento de solicitar información sobre la portación, independientemente de aquella información pública disponible en las páginas webs, especialmente de la banca".
Ante esto, señaló que "el 42 por ciento de los que pidieron portarse mencionaron que las instituciones le pusieron barreras de entrada con una deficiente atención o una tramitación más larga de lo que dicta la ley. En contraste, sólo el 23 por ciento de los informantes manifestó que el proveedor financiero cumplió los plazos enunciados en la legislación".
De acuerdo con el informe, entre quienes pudieron llevar a cabo una solicitud, una de cada tres personas no pudo lograr su objetivo al no ser considerado un sujeto de crédito pese a su pertenencia en la institución financiera. Esto sería, de acuerdo con el informe, una clara muestra de la crisis, la falta de liquidez, así como la caída de los sueldos y del mercado laboral.
Para finalizar, desde Odecu y ACU Nuestro Tiempo declararon considerar que "la ley tiene un bajo efecto en las condiciones económicas vigentes en el país, las que seguramente durarán un par de años siguiendo los pronósticos de los analistas"
"Asimismo, el espíritu de la ley se ha visto afectado, la que en la práctica ha operado como un instrumento selectivo y por lo tanto discriminatorio para la mayoría de los clientes financieros del país", puntualizaron.
