"El efecto no es inmediato y es súper importante que la gente lo entienda", enfatizó la vocera de Familia de la Asociación de Magistrados, Susan Sepúlveda.
Los Tribunales de Familia en esta pasada buscan que una vez que se pida la retención, "se autorice estando ya constatada la deuda", de acuerdo a la jueza.
Varias senadoras quedaron disconformes con la forma en que la Cámara incorporó el articulado sobre el llamado retiro forzoso de los fondos de pensiones para padres deudores de alimentos -mediante la subrogación-, y terminaron absteniéndose o aprobándolo a regañadientes para no dilatar la tramitación del proyecto general del 10 por ciento.
La RN Marcela Sabat aseguró que "así como se encuentra hoy, se va a producir una sobrecarga judicial tremenda. Los Tribunales de Familia deberán dictar otra resolución, y serán más trámites, será más burocrático, vamos a sobrecargar nuevamente a los tribunales".
A la oficialista se sumó su par de la DC Ximena Rincón, quien enumeró que con la ley promulgada este viernes por el Presidente Sebastián Piñera "la señora debe pedirlo al tribunal, primera gestión; se da traslado, segunda gestión; se da notificación, tercera gestión; dictan sentencia, cuarta gestión; la señora lo lleva al AFP, quinta gestión, y cada una por 18 mil gestiones".
"¿Qué es lo que se propone? Una subrogación por el solo ministerio de la ley, sin sentencia, y sin que la señora ni los tribunales hagan todo eso", planteó, para mejorar el proceso.
La jueza de Familia y vocera de la Asociación de Magistrados en la materia, Susan Sepúlveda, precisó a Cooperativa que la retención forzosa debe ser requerida ante los tribunales. De lo contrario, si hubiera quedado así de oficio, los jueces hubieran tenido que revisar todas las causas de alimentos que se arrastran desde hace 15 años y que estuvieran en etapa de cumplimiento, con lo que no se priorizaría los requerimientos inmediatos.
"Aquí lo que se produce es que el efecto no es inmediato y es súper importante que la gente lo entienda. Una vez aprobada la ley no quiere decir que de manera inmediata el tribunal va a declarar la subrogación: se va a tener que pedir", señaló la magistrada.
Además, reconoció que "es probable que al ser una subrogación que requiera una autorización judicial pueda tener algún tipo de demora", como alertan las parlamentarias.
"Probablemente eso que explica la senadora Rincón está relacionado con algunos excesivos trámites que en algunos tribunales aplican para la tramitación de estas diligencias, pero aquí lo que nosotros buscamos es que este trámite cumpla con una sola diligencia: basta con que lo pidan para que se autorice estando ya constatada la deuda", explicó.
Por otro lado, el requerir el pronunciamiento del demandado forma parte del procedimiento estándar del Código de Procedimiento Civil, pero los Tribunales de Familia pueden hacerlo todo más acotado.
Según datos del Poder Judicial, el primer retiro de fondos quedaron al menos 87 mil deudores sobre los que se determinó la retención de su 10%, pero que decidieron no retirar sus fondos de pensiones.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, destacó la aprobación del retiro forzoso ya que, aunque los deudores no quieran sacar su ahorro, las madres de sus hijos "podrán solicitar lo que es justo"; esto, pese a que su par del Trabajo, María José Zaldívar, no estuvo de acuerdo ya, dijo, con una medida así, "la sociedad completa financiará", subsidiariamente, la irresponsabilidad de los progenitores y su pensión futura.
Por lo anterior, Virginia Palma, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre, proyectó que el resultado de este segundo retiro también será "un colapso: va a ser lento y burocrático, pero de momento creo que también es la solución, es lo que se necesita ser. Si hubiese sido forzoso desde el primer momento ya estaríamos un tanto más despejados".
"No es la solución definitiva, esto es salir del paso", insistió, agregando que "el Estado tiene muchos más mecanismos que nosotras las madres, que tenemos que trabajar, cuidar de nuestros hijos y, además, pedir permiso para ir a tribunales y andar haciendo de FBI persiguiendo a los deudores de alimentos".
"El Estado tiene los mecanismos para subsidiar y luego cobrarle al deudor", subrayó.
En lo inmediato la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), ya considera la necesidad de impulsar una ley rápida que resuelva de mejor manera el retiro forzoso de los ahorros previsionales de los deudores de alimentos.
"Hemos planteado, ha sido mi propuesta y hay proyectos en la Comisión de Constitución formulados por parlamentarios, que podemos tramitar con fórmula fast-track, de fácil despacho, para poder incidir en mejorar los procedimientos que se llevarán a cabo en los tribunales", afirmó.
