Tras los llamamientos de los senadores oficialistas que apoyan el segundo retiro de ahorros previsionales, el Gobierno ingresó este miércoles, en la Cámara Alta, su propio proyecto para ese efecto solo para afiliados activos y con limitaciones y estableciendo el reintegro de los fondos que sean sacados.
El Ejecutivo propone montos retirables similares a los del primer retiro y de este segundo, en tramitación: un mínimo de 35 unidades de fomento (cerca de un millón de pesos), sin embargo, el máximo no podrá exceder las 100 (2,9 millones) "en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan"; disminuyendo el máximo de 150 (4,3 millones) que establecieron los otros dos proyectos.
Sí mantiene el punto de que, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.
Pero a diferencia de los otros retiros, establece que "en el caso de que el afiliado registre una cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias o cuenta de ahorro voluntario en una AFP o en otra entidad autorizada, deberá primeramente retirar los fondos ahorrados en estos insturmentos", y una vez esos se agoten, la diferencia podrá ser cubierta por la cuenta de ahorro obligatorio.
Podrá ser solicitado hasta un año después de la eventual publicación de la ley, y el pago será en dos cuotas, con plazos diferentes: el primero, del 50 por ciento, en un periodo máximo de 60 días hábiles desde presentada la solicitud, y el segundo, en hasta 10 días hábiles desde el primer pago.
El texto instruye también a las AFP a informar al solicitante sobre el impacto que tendrá el retiro en su futura pensión: deberán hacerlo en el momento de la solictud o más tardar en tres días.
Por otra parte, garantiza que "los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originas por obligaciones alimentarias".
LIMITACIONES Y EXCLUSIÓN DE ALTOS CARGOS ESTATALES
El proyecto, que consta de ocho puntos, excluye de la posibilidad del retiro de fondos a aquellas personas que hayan registrado cotizaciones en el mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud y perciban remuneraciones iguales o superiores a las 100 UF, casi 2,9 millones de pesos al valor actual de la Unidad de Fomento.
Tampoco podrán efectuar el retiro quienes perciban rentas o remuneraciones reguladas por el artículo 38 bis de la Constitución -mediante el cual dese este año se fijan los sueldos de altos cargos estatales-. Es decir, quedarán excluidos el Presidente de la República, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del jefe del Estado y los contratados a honorarios que asesoren directamente a las referidas autoridades gubernativas.
Al momento de ingresar la solicitud, el afiliado deberá presentar una declaración jurada asegurando que no cumple con esas dos limitantes, lo cual deberá ser verificado por la AFP según las instrucción que dicte la Superintendencia de Pensiones y la información que registre en ese momento.
MECANISMO DE REINTEGRO MEDIANTE COTIZACIÓN ADICIONAL
También a diferencia de los otros retiros, el proyecto del Gobierno propone que los afiliados deben reintegrar los montos que eventualmente retiren.
Esto será mediante una cotización adicional obligatoria, cuya tasa será calculada por la Superintendencia de Pensiones, y que se mantendrá por el tiempo suficiente hasta devolver la totalidad de lo retirado. "Cesará esta obligación al cumplirse la edad legal de jubilación, salvo que voluntariamente decida continuar realizando tales aportes", precisa el texto.
Finalmente, el artículo 8 establece que "el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia, se finaciará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria 'Tesoro Público' ".
La iniciativa del Ejecutivo es en respuesta al segundo retiro que impulsa la diputada Pamela Jiles (PH), reforma aprobada en general y en particular hoy por la Comisión de Constitución del Senado, que el Gobierno rechaza y llevará al Tribunal Constitucional en caso de seguir avanzando en el Congreso.
"SE QUIERE DEFENDER LA VÍA INSTITUCIONAL"
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, defendió que con esta iniciativa "la vía institucional es lo que se quiere respetar", junto con que "el proyecto va dirigido a quienes más lo necesitan".
En línea con los cuestionamientos del Presidente Sebastián Piñera a la oposición en el Congreso, Briones sostuvo que "queremos cortar de cuajo esta elusión constitucional que no tiene borde y puede terminar sin límite, y no sólo terminar destruyendo nuestro sistema previsional y las pensiones del mañana".
"Como han visto -agregó- se ha levantado una serie de otras iniciativas, a través del mismo resquicio, como impuesto a los súper ricos, postergación de patentes y quien sabe cuántas otras cosas más que solo pueden minar nuestra institucionalidad y nuestra democracia, ese es el punto de fondo".
La Moneda ingresó el proyecto con discusión inmediata, por lo que será analizado este jueves por la comisiones unidas de Hacienda y Trabajo del Senado.
LAGOS WEBER ADVIERTE DIFICULTAD DE AVANZAR "CON ESAS RESTRICCIONES"
Desde la oposición, sin embargo, cuestionan la propuesta y adelantan que es difícil aprobarla con tales limitaciones.
"El proyecto, tal cual, es muy difícil, por no decir imposible, que avance con el nivel de restricciones que le han colocado", advirtió el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), integrante de la Comisión de Hacienda.
Aseguró que "la aprobación del segundo 10 por ciento va a tener lugar, pero no con esas restricciones", cuestionando que "establecer restricciones en el segundo retiro, cuando en el primer retiro el Gobierno tuvo una actitud de brazos caídos, y no intervino en nada, hace muy difícil siquiera pensar en ese nivel de restricciones".
Coincidió con Lagos Weber su par de la DC Ximena Rincón, quien planteó que "no sé con quién conversó el Gobierno ni con quién negoció, pero no logro entender qué tienen en la cabeza, y lo digo con profunda molestia"
"La verdad es que el Presidente no entiende que las familias ayudan a la familia; que uno puede tener trabajo, pero está ayudando al que no lo tiene; que el límite no se entiende, y que establezca que no todos pueden retirar es de verdad egoísta. Presidente: ¿Qué pretende?", remarcó la senadora.
