La Cámara Alta deberá resolver si es la Contraloría o los Tribunales de Justicia los que decidan sistema previsional.
El anuncio se da luego que la Corte de Apelaciones acogiera denuncia de funcionarios que les permite pasar a Capredena.
Hace 18 años que no se planteaba una contienda de competencia.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, anunció este miércoles que interpuso una contienda de competencia con el Poder Judicial, la cual deberá resolver el Senado, para definir si es la Contraloría o los Tribunales de Justicia los que decidan el sistema previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica civil (DGAC).
El caso afecta a 1.330 trabajadores que estiman que su régimen previsional debe ser el aplicable a las Fuerzas Armadas, a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), pero la Contraloría estableció que debe ser ésta entidad la que debe determinar aquello asegurando que a los funcionarios les corresponde el sistema AFP.
Los trabajadores recurrieron a la Justicia y un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago les dio la razón, pero antes de que se pronuncie la Corte Suprema sobre esta situación, la Contraloría estableció la contienda de competencia.
"Quien tiene la competencia para resolver sobre materias de pensiones aplicables al sector público es la Contraloría General de la República. Los tribunales cuando entran en conocimiento de este tipo de materias se están arrogando una competencia que no les corresponde", explicó el contralor.
Bermúdez sostuvo que "la Contraloría, en una jurisprudencia que ha sido constante, permanente, basada en la ley desde el año 1985, ha señalado que ese régimen previsional es el de todos los chilenos, que es el de AFP".
Si se define que el Poder Judicial tiene competencia para resolver esta materia y la Corte Suprema llega a ratificar que los funcionarios de la DGAC puedan jubilar por Capredena, será el Estado el que deba suplementar los recursos para pagar esas pensiones que son más altas que las que pagan las administradoras de fondos de pensiones.
El contralor sostuvo que es un tema difícil de cuantificar, pero que se estimaba que son cerca de 300 mil millones de pesos en 30 años.
Trabajadores: "Es un capítulo totalmente impresentable"
Mientras que el presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, José Pérez, expresó su molestia señalando que "era un posible escenario, pero un posible escenario totalmente impresentable".
"El contralor ha hecho un capítulo totalmente inédito con la DGAC hoy recurriendo al honorable Senado para que opine sobre esta situación de competencia. Nosotros rechazamos nuevamente la intervención del contralor, se lo dijimos la otra vez cuando hicimos un mitin frente a la Contraloría", indicó.
El dirigente añadió que "le dijimos que tuviera precaución con molestar a nuestra organización y, particularmente, a nuestros funcionarios, porque nosotros también tenemos la posibilidad nuevamente de despertar ya que hoy estamos en reflexión frente a una situación que entendemos que la Justicia tiene que opinar".
El proceso
Hace 18 años que no se planteaba una contienda de competencia y una vez ingresada al mediodía de este miércoles, el Senado tiene que ordenar al Poder Judicial suspender todo pronunciamiento en este caso hasta que la Sala de la Cámara Alta resuelva si es la Contraloría o los Tribunales de Justicia los que tienen la última palabra.
Así, el próximo martes se dará cuenta a todos los senadores en la sesión de Sala la llegada de esta presentación de la Contraloría, la cual será derivada a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia que debe pedir un informe al Poder Judicial.
Ese informe será analizado en una o dos sesiones, lo que debe ser definido por la misma comisión, para llevar adelante el trabajo.
"Tiene que darse cuenta formalmente de esto el día martes cuando se constituya la Sala del Senado y de ahí pasará a la Comisión de Constitución donde vamos a fijar un plazo para resolver la contienda de competencia, poder escuchar los argumentos del contralor, escuchar algún experto en derecho que pueda ilustrarnos sobre el punto que ha planteado la Contraloría antes de hacer una propuesta de resolución a la Sala del Senado", dijo el presidente de la instancia parlamentaria, el senador Pedro Araya (Ind).
En este asunto el Gobierno no se involucra, aunque el Ministerio de Hacienda debe estar atento debido a que si el Senado le da luz verde al Poder Judicial y eventualmente la Corte Suprema llega a ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones, dándole razón a los funcionarios en el traspaso a Capredena, serían varios miles de millones que se necesitarían para complementar las pensiones.
Según el contralor Bermúdez, a estas 1.300 personas en un periodo de 30 años, el Estado podría tener que desenvolsar alrededor de 300 mil millones de pesos.
Denuncia contra cuatro ex funcionarios de Dipreca
Cabe señalar que este sistema de pensiones de Dipreca y Capredena se encuentra cuestionado y de hecho el presidente de la comisión investigadora de los jubilazos, el diputado Leonardo Soto (PS), denunció a cuatro ex directivos de Capredena por abultarse irregularmente sus pensiones por sobre el límite de las 60 UF (unos 1,8 millones de pesos).
Se trata de la ex vicepresidenta Patricia Ewing Pinochet, quien recibe una pensión de 4,8 millones de pesos; el ex jefe de Administración y Finanzas, Carlos Fuentes, con una pensión de 2,8 millones, el ex gerente general, Luis Jara Lepe, con una pensión de 4,0 millones; y el ex gerente de Auditoría, Juan Vargas Cordero, con una pensión de 3,7 millones.
Estos funcionarios recibieron desde la comodidad de sus escritorios una asignación por "funciones críticas", como las que se pagaban en Gendarmería, con lo cual abultaron sus sueldos y consigo también crecieron sus pensiones.
"Capredena actual determinó que en estas pensiones existen estas discrepancias entre la base de cálculo toda vez que se incluyen asignaciones muy similares a Gendarmería, la asignación de funciones críticas. Pareciera que se confirma la tesis del que 'reparte le toca la mejor parte', porque ellos eran los autores de los cálculos correspondientes", afirmó el diputado Soto.
Un informe de Capredena a la comisión investigadora fue el que reconoció estas discrepancias entre la base imponible y el cálculo de la pensión que reciben los ex directivos de Dipreca.
