El oficialismo insistirá en las indicaciones que esta semana fueron rechazadas en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja respecto el segundo retiro del 10 por ciento de las AFP, apostando por una focalización de quienes puedan acceder al dinero.
Una de las propuestas del sector es autorizar el giro de fondos sólo a personas desempleadas o que puedan acreditar una merma de al menos un 30 por ciento de sus ingresos, impidiendo que sea universal.
Esta postura es apoyada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que asegura "no entender el objetivo del proyecto" y critica un retiro generalizado.
"Libertad sin letra chica"
La Cámara de Diputadas y Diputados votará en Sala el próximo martes la reforma que permite el segundo retiro. En la sesión serán necesarios 93 votos a favor para que la iniciativa llegue al Senado a su segundo trámite y la idea, tal como en el primer retiro, tiene apoyo de algunos parlamentarios oficialistas.
"Espero que este martes haya un apoyo transversal de todos los sectores políticos. El segundo retiro la gente lo necesita con urgencia, es la plata de ellos y nosotros, los parlamentarios, no podemos estar diciendo quiénes pueden retirar y quiénes no", argumentó el diputado RN Jorge Durán.
"Tenemos que dar la libertad sin letra chica, sin obstáculo para que este segundo retiro llegue a las familias que más lo necesitan", añadió el legislador oficialista.
Su par socialista Leonardo Soto proyectó que "van a haber dos votaciones: una primero para determinar cuál es el quórum de aprobación de este proyecto de ley, porque el Gobierno ha sido muy insistente en señalar que requiere tener el respaldo de dos tercios de la Sala de la Cámara".
"Una segunda votación va a ser sobre el fondo del proyecto, y la pregunta es si va a tener el respaldo suficiente", agregó, estimando que "ahora va a tener mucho más respaldo que el que tuvo el primer retiro de fondos a mediados de este año.
Si llega a ser aprobado por dos tercios de la Cámara, Soto cree que implicaría "un golpe gigantesco y demoledor para el Gobierno, que se ha opuesto tajantemente al avance de esta iniciativa".
Gobierno mantiene rechazo
Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), afirmó que el camino correcto es la reforma de las pensiones y no un segundo retiro. Además, hizo un llamado a la responsabilidad.
"Para nosotros la clave es que lleguemos a un acuerdo en la reforma de las pensiones, eso es lo que nos están pidiendo los chilenos. Lo hicimos en una parte en la Cámara de Diputados, lamentablemente algunos después desconocieron ese acuerdo", dijo el vocero.
Además, indicó que es "el momento que la oposición deje de pensar en sí misma, deje de pensar que ellos mismos ganaron un espacio chiquitito de poder y más bien piensen en los chilenos".
"Si nosotros queremos tener un sistema de pensiones en el futuro que realmente entregue buenas pensiones, eso es incompatible con que tengams cuatro millones de personas con cero peso en sus fondos. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a que tengamos esa responsabilidad", afirmó el secretario de Estado.
Diputado PS no se cierra a indicaciones
El diputado PS Marcos Ilabaca, miembro de la Comisión de Constitución, aseguró estar de acuerdo con estos puntos, pero insistió en que la responsabilidad está en el Ejecutivo.
"La realidad de nuestro país es que la mayor cantidad de los chilenos no tienen ingresos suficientes para poder subsistir. Entonces, cuando tú buscas desarrollar política pública, la tienes que focalizar. En eso yo puedo compartir el criterio de la OCDE y compartir algunas de las críticas que el Gobierno ha dejado deslizar", comentó el parlamentario.
Pese a ello, "lo cierto es que cuando se genera este tipo de política pública, el único que tiene potestad legal y constitucional para poder desarrollarla es el Ejecutivo", añadió.
Coincidió con Ilabaca el diputado UDI Jorge Alessandri, quien reiteró su llamado "a todos los parlamentarios, no solamente a los de Chile Vamos, a aprobar un proyecto serio y justo, y que le permita esto a las personas que lo necesitan, que hayan perdido el empleo y hayan visto reducidos sus ingresos. El llamado es a la seriedad y no al populismo".
Sin embargo, la iniciativa como está ya suma apoyos en el Senado, como el del senador Carlos Bianchi (IND), que negó que esta produzca "un daño como lo ha señalado el Gobierno: el daño más profundo se produce cuando las propias administradoras pierden altos porcentajes, y ahí el Gobierno no dice absolutamente nada".
"Creo que hay que actuar con realidad y ser no solo empático, sino que ponerse en los zapatos de las personas que hoy día están sin trabajo, que su negocio está quebrado. Estoy dispuesto a apoyar el segundo retiro. ¿Es lo mejor o lo deseable? No, pero frente a una situación como la que se vive, si el Gobierno sigue con esta indiferencia, la verdad es que es la única cosa real en la cual las personas se pueden apoyar", afirmó.
La polémica de los datos
En tanto, continúa la polémica por los datos de quienes sacaron el primer 10 por ciento, que fueron requeridos por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. El director de la Fundación Datos Protegidos, Danny Rayman, asegura que ésta fue una extralimitación ilegal.
"Existe una extralimitación de las facultades que tiene el Ministerio de Hacienda, ya que no es el llamado a hacer el análisis pormenorizado de la información personal de los beneficiarios, justamente de beneficio social, sino que eso corresponde a la Superintendencia de Pensiones o incluso, cuando hablamos de ingreso, al Servicio de Impuestos Internos, entre otros", criticó el experto.
"Nosotros manifestamos la preocupación que está en que volvemos a ver cómo la protección de datos personales y la privacidad no es tomada en cuenta por nuestra autoridades. Por lo tanto, corresponde señalar que esta solicitud de información sería ilegal", puntualizó Rayman.
