Ante las críticas al Gobierno por recurrir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro de los fondos de pensiones sin haberlo hecho en la primera oportunidad en que se presentó una acción similar, la ex presidenta del TC Marisol Peña aseguró en Cooperativa que no existe una regla de congruencia del recurrente para tomar una decisión sobre esta materia.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la abogada sostuvo que "hay un antecedente que es muy relevante y que es la sentencia pronunciada por el mismo tribunal el 30 de diciembre pasado en relación con la reforma constitucional del segundo retiro. En consecuencia un elemento que podría significar una ventaja desde el punto de vista de la litigación de hoy es que ya existe un precedente".
En relación a que no se presentó un recurso ante el primer retiro, pero sí ante el segundo y el tercero, Peña aclaró que "evidentemente de ese tema se hizo cargo la sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de diciembre pasado. Hay un considerando específico, entre los primeros razonamientos que tiene la sentencia, en el sentido que acudir al TC no supone como requisito o exigencia previa una conducta lineal o una conducta consecuente, vale decir, la acción constitucional, que en este caso tiene por objeto declarar inconstitucional una reforma constitucional, puede ser perfectamente interpuesta no obstante que existan situaciones que de alguna manera signifiquen entender que se había convalidado o se había apoyado, o simplemente no se había dicho nada".
"Lo importante, dice el Tribunal Constitucional, es que no hay ningún requisito que exija congruencia en el órgano legitimado para accionar (el Gobierno en este caso) y bajo esa perspectiva lo que hoy día tenemos es que el tribunal no impugnó la reforma del primer retiro, sí impugnó la del segundo retiro y en este caso podemos decir que está siendo consecuente con una impugnación del tercer retiro, que es muy similar, aunque no totalmente a aquella que se verificó con el segundo retiro", precisó.
Peña forma parte del equipo del Gobierno, pero confirmó que no participará en las audiencias, ya que "acepté la invitación del Gobierno porque me parecía un desafío jurídico de envergadura poder explorar la posibilidad, desde el punto de vista exclusivamente jurídico, de que una reforma constitucional fuera inconstitucional".
"El punto está en que cuando yo recibo el encargo, el Gobierno me advierte que ya existe un abogado trabajando posibles impugnaciones a las disposiciones transitorias de la Constitución, que era la línea que se venía observando hasta este momento. Por lo tanto, lo que a mí se me encarga es analizar la eventual inconstitucionalidad de la modificación de normas permanentes en la Constitución, concretamente referidas al derecho a la seguridad social", situación que finalmente fue desestimada en el Congreso.
