El vocero Jaime Bellolio afirmó que la Ley 20.403 faculta a Hacienda a hacer esta petición, y obliga a "guardar absoluta reserva y secreto" de la información.
No obstante, el Consejo para la Transparencia ofició a la cartera que lidera Ignacio Briones para aclarar si la acción se ajustó a la norma.
Tras una petición de la Democracia Cristiana, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició este jueves al Ministerio de Hacienda luego de que el titular de la cartera, Ignacio Briones, solicitase a la Superintendencia de Pensiones los datos y RUT de todas las personas que retiraron el 10 por ciento de los fondos previsionales, que el Gobierno calificó como una acción "habitual" de todas las administraciones.
"Hemos enviado un oficio al Ministerio de Hacienda solicitando antecedentes que permitan aclarar si hubo una vulneración o no a la normativa de protección de datos personales", dijo la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.
"Esta acción que hemos realizado lo que busca es básicamente aclarar las cosas, ya que existe una disposición legal a que le falta actualización, pero que establece que los datos personales se tienen que resguardar, entre otros, bajo los principios de finalidad y proporcionalidad", agregó.
Consultados ayer por Cooperativa, desde el Ministerio explicaron que la solicitud tiene una finalidad estadística, para "dimensionar el impacto económico de esta y otras medidas", asegurando que resguardarán la protección de los datos personales.
Luego, a través de un comunicado, Hacienda manifestó que "para enriquecer este análisis resultó necesario solicitar las nóminas de afiliados que permiten cruzar información con otras fuentes de datos disponibles para el Ministerio de Hacienda. De esta forma, se puede evaluar y modelar conjuntamente esta y otras medidas de apoyo económico, que han surgido en el contexto de la crisis producida por la pandemia de Covid-19".
"El Ministerio de Hacienda reafirma su compromiso con el resguardo de los datos personales, y señala que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad, tal como se señala en la Ley 19.628, sobre la protección de la vida privada", finalizó.
Esta mañana, en un punto de prensa en La Moneda, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que la Ley 20.403 obliga a los funcionarios públicos a "guardar absoluta reserva y secreto de la información" y que la solicitud de Hacienda "es algo que se hace de manera habitual por parte de la Dipres y las distintas subsecretarías para hacer buena política pública".
"Por ejemplo, para calcular cuántas personas van a poder acceder al IFE y cuánto costaría aquello, cuántas podrían acceder al bono de clase media, cuántas personas, si se aprueba el nuevo retiro, quedarán con 0 fondos y uno tiene que calcular cuánto significaría eso en el futuro para una pensión básica solidaria. Esa es la razón por la cual se ocupa esto", insistió.
"Es una habitualidad que ocupan absolutamente todos los gobiernos, pero tienen el deber y la obligación de la reserva y de mantener en la más estricta confidencialidad esos datos. Y si eso se vulnerara no solo es una grave falta administrativa, sino que podría ser perseguido penalmente", sentenció el portavoz del Gobierno.
🔵El Ministro de Hacienda agrega que la "privacidad de los datos no está en juego" y que la información estará por 15 días en Teatinos 120 para luego ser eliminada, ya que el único fin es "estadístico". @Cooperativa pic.twitter.com/nIfIG85ofh
— Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 5, 2020
Ante los cuestionamientos, al ministro Briones le pareció "necesario" convocar a la prensa para "explicar con peras y manzanas" el trasfondo de la solicitud.
"Es lo que hacemos para el diseño de las distintas políticas públicas", como la Ley de Protección del Empleo, apuntó: "Cuando hacemos los informes financieros, ¿de dónde creen que sale la estimación de costo? No es un invento, viene de cruces de bases de datos que nos permiten simular efectos y cuantificar los costos".
Insistió que es sólo con fines estadísticos, entre otros, para conocer el número de cesantes o suspendidos que sacaron el 10%, calcular costo fiscal para una pensión básica y modelar asimismo la reforma previsional.
Admitió ser "muy celoso de la privacidad, y creo que ustedes también, es lo que más resguardamos en nuestra visa", por lo cual reconoció también que puede "generar suspicacias cuando las informaciones de este tipo se pueden entender de una manera distinta".
Aclaró también que no se busca "individualizar" a las personas y que la información estará por 15 días en las oficinas del Ministerio de Hacienda para luego ser elminada.
Las bancadas de diputados del PPD y el PS confirmaron también una denuncia ante la Contraloría por el oficio que envió el ministro Briones.
"(La solicitud de Hacienda) Es arbitraria, abusiva y no se ajusta a la ley, por lo tanto, debe ser corregida y fiscalizada por la Contraloría de manera tal de resguardar adecuadamente los datos personales de aquellos ciudadanos de nuestro país", señaló el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD.
"No vamos a aceptar amedrentamientos a la población ni mucho menos mal utilización de datos sensibles y personales", enfatizó el legislador.
De hecho, hasta el mediodía de este jueves la Contraloría había recibido cerca de 300 requerimientos por parte de partidos políticos y ciudadanos.
