El Gobierno le reafiró este viernes al gremio la intención de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), uno de los aspectos de la reforma previsional con que el Gobierno quiere avanzar hacia un sistema mixto.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), recibió durante la mañana en una breve reunión protocolar, que se extendió por media hora, a la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi.
En la instancia, la secretaria de Estado abordó con la representante gremial asuntos de la agenda laboral y previsional del Gobierno, sobre todo en torno a la reforma de pensiones propuesta por el Ejecutivo y que todavía inicia su tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas.
Tras el encuentro, Jara comentó que, "como Gobierno, hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de AFP se termine para dar paso a un sistema en el cual haya un servicio público y diversos inversores, tanto público como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir".
"Esperamos que la reforma continúe su curso y que el foco esté puesto, más que en una determinada industria, en los jubilados de hoy y en los cotizantes de hoy que se van a jubilar mañana y que necesitan aumentar el monto de sus pensiones", recalcó.
En declaraciones posteriores, Yazigi dijo que "un cambio tan radical como el que plantea el Gobierno, que le entrega al Estado el poder total de la recaudación, atención y administración de las cotizaciones actuales y futuras, plantea riesgos que hoy no se están considerando. Esto no se trata de defender a las administradoras, como señaló la ministra, sino en cómo mejorar las pensiones de manera sostenible, sin hipotecar el futuro de los trabajadores".
"El Gobierno lo sabe, porque así lo han señalado los expertos, que su proyecto no es sostenible, y tampoco mantiene los principios que más valoran las personas, que son la propiedad de sus ahorros, la herencia, y lo más importante es tener la posibilidad real de elegir quién nos administra los ahorros para la pensión. Creemos profundamente que nuestro país avanza sólo si logramos colaboración público-privada, y por eso es que sostuvimos la reunión de esta mañana", añadió.
SE VUELVE A LEVANTAR DEBATE DE UN SEXTO RETIRO
En paralelo, en el Congreso vuelve a rondar el debate de los retiros de ahorros previsionales, pues en abril vence el plazo de un año desde el rechazo del último proyecto, por lo que una nueva iniciativa podrá ser presentada para su discusión. De hecho, desde hace algunos días, la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) ha estado llevando adelante una campaña para hacer realidad este desembolso.
Se trataría eventualmente del sexto debate que ocurriría desde el 2020 -que técnicamente sería el cuarto giro de fondos, si se aprueba-.
Al respecto, el nuevo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado socialista Raúl Leiva, dijo que "claramente como todo proyecto de ley hay que debatirlo; tal como lo hizo la diputada Cariola en el primer año de la legislatura, se puso en tablas, se votó y se rechazó".
"Yo creo que es importante no generar más expectativas en la ciudadanía y efectivamente someterlo a discusión", continuó.
Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) anunció que "junto a un grupo de parlamentarios de distintos sectores políticos, nos estamos preparando para que el próximo 18 de abril podamos ingresar un proyecto de retiro de fondos de pensiones y que sea una ayuda directa, fundamentalmente a la clase media de nuestro país".
En la oposición, el UDI Jorge Alessandri, integrante de la instancia, adelantó que su sector no apoyará la idea: "Se vence el plazo. Sí se puede poner en tabla el 18 o 17 de abril el sexto retiro en la comisión. Hay un cambio de presidente en la comisión, pero yo estoy seguro de que tanto parlamentarios de Gobierno como de oposición mayoritariamente vamos a rechazar esta mala política pública".
"El costo de los retiros es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrecen", advirtió ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, remarcando el rechazo del Ejecutivo.
SUELDO MÍNIMO
Finalmente, sobre el sueldo mínimo y la posibilidad de aumentarlo, el presidente de la CUT, David Acuña, indicó que "vemos la necesidad de poder adelantar el compromiso adquirido por el Presidente Gabriel Boric con los trabajadores y trabajadoras, que al termino de su Gobierno llegaríamos a los 500 mil pesos. Creemos que es fundamental poder llegar mucho antes del termino de su Gobierno a superar esa meta, ya que el costo de la vida, el alza de los alimentos, ha afectado directamente a las y los trabajadores".
"El último incremento del ingreso mínimo fue absorbido en su gran mayoría por el alto IPC que tuvo nuestro país. Creemos que es fundamental ir en una ayuda real y concreta para los trabajadores y trabajadoras de Chile en torno al aumento del ingreso mínimo", añadió.
