"No habría razón para que el sector público no se sumara a esta gran movilización", dijo el vocero del movimiento contra el sistema de pensiones.
Funcionarios públicos apuntaron que "no se sienten cómodos mezclando ambos temas".
Este miércoles trabajadores públicos marcharán en Valparaíso por la discusión del reajuste salarial.
El movimiento "No + AFP" se prepara para una nueva movilización contra el actual sistema de pensiones, que se desarrollará este viernes 4 de noviembre, protesta que incluye un llamo a paro nacional.
La manifestación podría sumarse a la que mantienen los trabajadores del sector público por el reajuste, propuesta del 3,2 por ciento que los funcionarios ya anunciaron que rechazarían.
En este contexto, Luis Mesina, vocero del movimiento "No + APF", sostuvo que "no habría razón para que el sector público no se sumara a esta gran movilización que está convocada hace muchos meses atrás, y de la cual, muchas instituciones del sector público forman parte de esta coordinadora, por lo tanto, estamos seguros de que el sector público se va a adherir y va a parar el 4 de noviembre".
Por su parte, Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), planteó que si bien son marchas distintas, son fruto de "un mismo sistema".
"No nos sentimos muy cómodos mezclando ambos temas. Queremos separarlo claramente. Lo del 4 de noviembre no tiene nada que ver con esta negociación, independientemente (...). Al final del día, tanto los problemas que tenemos del reajuste salarial público, como no más AFP, responden a una misma lógica, que es el modelo económico y político que existe en Chile", expresó.
"Esperamos que el 4 de noviembre la gente del mundo público y del mundo privado esté exigiendo un sistema previsional distinto. El 2 de noviembre es un paro nacional y que estará -su continuidad- en dependencias de qué es lo que ocurra el día miércoles", añadió el dirigente.
"Chile sin TPP"
A la movilización del viernes también se suma la organización Chile Mejor Sin TPP, organización en contra del Acuerdo Transpacífico.
Sus representantes aseguran que el acuerdo traerá limitaciones al Estado y a los movimientos sociales chilenos.
"Estamos hablando de tres AFP, Provida y Habitat, que controlan el 75 por ciento del total de la pensiones de Chile. De tal manera que si entra en vigor, si el Congreso aprueba el TPP, esas tres empresas, que controlan norteamericanas, pueden demandar al Estado chileno, porque si se quisiera hacer un cambio de fondo, una nueva seguridad social, verían perjudicados sus llamadas legítimas expectativas de negocio, porque está establecido en el propio tratado", aseguró su presidente, Esteban Silva.
