La discusión se ha centrado en la continuidad del tratamiento de afiliados de aseguradoras que eventualmente puedan quebrar.
"Lo que más impacta es la disminución de los ingresos, no la magnitud de la deuda", afirmó la ministra de Salud.
La Comisión de Hacienda del Senado comenzó este lunes la discusión de la llamada ley corta de isapres, que busca viabilizar la aplicación de los dos fallos de la Corte Suprema -sobre la prima GES, ya en curso, y por la tabla de factores, a implementarse en mayo- y dar estabilidad financiera a la industria.
La sesión comenzó a las 10:30 de la mañana con una exposición de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien afirmó que el mayor problema para la industria en este momento no es la deuda, estimada por la Superintendencia de Salud en algo más de 1.000 millones de dólares, sino la obligación de tener que ajustar el valor de sus planes a la tabla única de factores de riesgo.
Por lo mismo, la secretaria de Estado recalcó la necesidad de permitirles a las isapres un alza extraordinaria con la indicación que va reponer.
"Esta devolución significa no más del 1,5% a 2% de los ingresos, porque también ha habido como una idea de que en realidad la magnitud de la deuda impacta mucho en el flujo financiero futuro y no es así; lo que más impacta es la disminución de los ingresos, no la magnitud de la deuda, que es una situación que hemos tratado de aclarar en distintas circunstancias, dada la centralidad que ha tenido el tema de la deuda, y la verdad es que la deuda no es lo que más afecta la estabilidad financiera, sino que son los flujos, y particularmente los flujos futuros", dijo Aguilera.
A su turno, el senador Rojo Edwards (exmilitante del Partido Republicano) afirmó que "no solamente estamos en base a un fallo ilegal, sino que a mi juicio simplemente no existe deuda, porque simplemente no ingresó esos recursos de parte de quienes cotizamos en isapres; por lo tanto, yo por lo menos creo que simplemente esto es inventado y no existe deuda".
Por su parte, el senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo que "esta ley es por los usuarios, no es por las isapres, ni por el Gobierno, ni por los parlamentarios, es porque hay una cantidad de gente que podría quedarse sin salud por la resolución de la Corte Suprema, que dicho sea de paso es lo más firme que puede haber en este país".
"Creo que nadie esperó el volumen del costo que esto iba a resultar. Entonces, yo creo que esto es un problema muy dramático", agregó el exministro.
A su vez, el senador RN Francisco Chahuán anunció que insistirá en Sala con una indicación que busca mutualizar o reducir casi a la mitad la deuda de las isapres con sus afiliados mediante una metodología de cálculo distinta, "para efectos de dar sostenibilidad al sistema".
"Como dice la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, nosotros creemos que el cálculo tiene que hacerse sobre un precio mixto y no sobre un precio determinado de sólo varones, y en una determinada edad", complementó el UDI Sergio Gahona.
Hasta este momento, la mayor discusión se dio respecto de cómo viene ya aprobado el proyecto desde la Comisión de Salud, particularmente en lo que se refiere a la continuidad de tratamiento de personas afiliadas a isapres que eventualmente puedan quebrar.
El proyecto dice que la situación de las personas que están recibiendo una o más prestaciones con GES, es decir, prestaciones por patologías o por enfermedades catastróficas, en caso de que su isapre ya no se sostenga, la propuesta del Gobierno es que Fonasa "podrá a su cargo autorizar la continuidad del otorgamiento de la intervención sanitaria que estuviera en curso sin la necesidad de una nueva confirmación diagnóstica, asignándole un prestador para tales efectos".
"El informe financiero de esta ley no calculó este impacto porque lo consideró un gasto contingente. La diferencia entre el 'podrá' y el 'deberá' es muy significativa", dijo el exsuperintendente de Salud y actual director de la Isapre Esencial, Manuel Inostroza.
Puntualizó que "el 'podrá' una decisión unipersonal del director de Fonasa designado que en un extremo puede costar cero si su evaluación es negativa. En cambio, el 'deberá' es una decisión de ustedes, los parlamentarios del Congreso, que obliga al director de Fonasa a cumplir en el 100%".
"El cálculo que nosotros hicimos utilizando los datos de la Superintendencia de Salud es que, si le diéramos continuidad a todos los pacientes GES, a todos los pacientes con cobertura catastrófica, el costo total del sistema sería de 332.000 millones de pesos por seis meses", alertó Inostroza.
