Sesenta y siete gremiales de pequeñas y medianas empresas (pymes) defendieron este viernes el acuerdo por el salario mínimo alcanzado el miércoles con el Gobierno, después de que otras 14 importantes asociaciones desestimaran este entendimiento.
Esta mañana, agrupaciones como Conapyme, Asech, Fedetur y Achiga, entre otros "disidentes", habían criticado que no se tomaron en cuenta demandas clave del sector.
En una carta dirigida esta tarde al Congreso Nacional, los firmantes del acuerdo señalaron que "independiente de las posiciones políticas, se debe contribuir a que en conjunto logremos salarios justos y dignos para los trabajadores de Chile y avanzar hacia la consolidación de las Mipymes como un factor de importancia máxima en el desarrollo social y económico del país".
"Luego de cinco largas y extenuantes jornadas de discusión constructiva y trabajo entre los representantes de los gremios de las mipymes y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, logramos un acuerdo, que sin duda avanza en la dirección correcta", destacaron los gremios.
La misiva agregó que "cada uno cumpliendo sus roles, se defendieron los intereses de las Empresas de Menor tamaño y sus demandas históricas que apuntan a solucionar las asimetrías que impiden su desarrollo y evolución, en el caso del Gobierno, se impuso la responsabilidad presupuestaria y avanzar estratégicamente en los temas de mayor relevancia para la economía y el país".
El documento resaltó que "el acuerdo, sin duda da cuenta y armoniza ambas posiciones, sin vencedores ni vencidos, sino más bien convencidos que el camino tomado es el correcto".
Incluso, "no se descarta inclusive poder mejorarlo en la discusión parlamentaria, pudiendo profundizar algunos temas y porqué no incorporar aspectos que aún le den más valor y grandeza al acuerdo alcanzado", puntualizaron.
"La principal diferencia entre quienes firmamos y quienes no lo hicieron, dice relación con la Ley N°21.256, para extender hasta diciembre de 2023 la tasa del impuesto de primera categoría en un 10% para aquellas empresas acogidas al Régimen ProPyme general, versus mantener el porcentaje actual como permanente, propuesta que muchos gremios Mipymes compartimos, pero que, en nuestro caso, hemos estimado elevarla a la discusión parlamentaria y ligada a una futura reforma tributaria", enfatizaron.
"Finalmente, pedimos a Ud. en su rol legislativo, valorar los acuerdos alcanzados e independiente de las posiciones políticas, contribuir a que en conjunto logremos salarios justos y dignos para los trabajadores de Chile y avanzar hacia la consolidación de las Mipymes como un factor de importancia máxima en el desarrollo social y económico del país", concluyeron las agrupaciones.
Entre los 67 gremios firmantes están la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma), la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia); la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC); y la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme).
UNAPYME: ESTAMOS PROFUNDAMENTE COMPROMETIDOS
Desde esta última asociación, su presidenta, Gianina Figueroa, recalcó que el objetivo de la misiva es "anunciar nuestra disposición a dialogar, que este proceso de acuerdo iniciado en el Ministerio de Economía siga en el Parlamento, que esperamos inclusive poder mejorarlo, pero que bajo ningún punto de vista es bueno para el diálogo democrático expresar intenciones de votaciones en contra sin escucharnos".
"Estamos profundamente comprometidos con nuestro sector, y nuestra responsabilidad y coherencia nos ha llevado a extremar el diálogo y buscar puntos de encuentro, no sólo para el subsidio, sino que para el desarrollo y el cuidado de quienes somos relevantes para la redistribución del ingreso y el empleo", cerró.
En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó los motivos de algunos gremios para tomar distancia del entendimiento, apuntando que ellos plantearon "como condición para concurrir a este acuerdo que la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las pymes quedara permanentemente en 10%, una medida que no tiene nada que ver con el financiamiento del ingreso mínimo, y que tiene un costo anual de 600 millones de dólares, cuatro veces superior al costo del ingreso mínimo para las pymes".
