La justicia falló a favor de la siquiatra por los daños provocados con la difusión de imágenes.
Estas fueron emitidas en agosto de 2003 por el programa "En la mira".
La profesional ahora trabaja en Canal 13.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena a Chilevisión a pagar 50 millones de pesos por los daños provocados por la difusión de imágenes de la siquiatra María Luisa Cordero grabadas por una cámara oculta.
Las imágenes fueron emitidas en el programa de investigación "En la mira" en agosto de 2003, donde se mostraba a la médico atendiendo a un paciente y supuestamente entregándole licencias médicas de manera fraudulenta.
El abogado demandante por la doctora Cordero, Daniel Mackinnon señaló que "efectivamente hay satisfacción respecto a la confirmatoria de la Corte de Apelaciones porque esto refrenda lo que siempre dijimos desde un principio, que con respecto de la doctora Cordero se cometió un delito".
"Ese delito era el uso de cámaras ocultas que se emplearon en su consulta, que es un lugar privado, que no admitía ningún tipo de intromisión. A raíz de la responsabilidad penal de los dependientes de Chilevisión es que se demandó al canal por la responsabilidad civil que tuvo esta institución por un cuasidelito civil que se cometió respecto de la doctora Cordero", indicó.
Los jueces señalaron que los periodistas hicieron las grabaciones a la demandante fuera de la ley y no lograron convencer a la corte de que no tuvieron el debido resguardo al momento de la investigación previa para tomar la decisión de filmarla.
Esta decisión ratifica lo ya dictado en mayo de 2011 por la jueza Romy Muller, del sexto Juzgado Civil de Santiago, que había establecido que la conducta desarrollada por la estación televisiva fue negligente y que causó daños en el prestigio y en la honra de la profesional.
La corte respaldó la resolución de primera instancia señalando que no hubo verificación previa de los rumores de la emisión de estas licencias médicas falsas y que solo se constató el tema con estas cámaras ocultas y que además el medio de comunicación desnaturalizó su labor al tratar de asumir tareas que están encomendadas solamente por constitución y la ley al Ministerio Público y la fiscalía con una investigación con medios y obtención de información que ni siquiera tenían autorización judicial.
