La siquiatra quiere que la Justicia sume a Jaime de Aguirre, Alejandro Guillier y Macarena Pizarro, entre otros, a los actuales procesados por violar su intimidad.
El abogado Daniel Mackinnon, que representa los intereses de la doctora María Luisa Cordero, informó que la profesional pedirá ampliar de cuatro a 10 el número de encausados en la querella presentada por violación de intimidad hace más de dos años.
La magistrada del 22º Juzgado del Crimen de Santiago, Viviana Toro, que sometió a proceso al jefe de prensa de Chilevisión, Patricio Caldichoury Ríos y a los periodistas Jaime Lara Montecinos, Raúl Poblete Barrios y Eugenio Salinas, por supuesta infracción del artículo 161-A, inciso 1, al grabar ilegalmente y posteriormente mostrar las imágenes en que Cordero extendía en agosto de 2003 licencias médicas a pacientes que jamás revisó, pero que les cobró 30 mil pesos por sus servicios médicos.
Mackinnon adelantó que pedirá "la ampliación del auto de procesamiento con respecto de los otros seis querellados, ya que hay 10 querellados en esta causa. Los seis que no han sido todavía procesados son Jaime de Aguirre (director del canal), Alejandro Guillier (director de prensa), Iván Núñez, Macarena Pizarro (conductores), Giancarlo Petaccia y Patricia Larraín (conductores de "Primer Plano"), que también tuvieron responsabilidad, tanto en la producción y filmación de estas imágenes, como en su difusión".
En otra artista judicial que involucra a Cordero, el mismo tribunal la encausó por el delito de fraude previsional en grado frustrado, basado en el mismo material que en su oportunidad exhibió el programa "En la mira", de Chilevisión, donde se mostraban a dos personas que se hicieron pasar por pacientes con problemas siquiátricos y concurrieron hasta su consulta.
El dictamen judicial estableció que la doctora emitió "sendas licencias médicas a los supuestos pacientes con el propósito, desde su percepción, de que éstos obtuvieran los reembolsos o beneficios previsionales del sistema, por 15 y 20 días, respectivamente", sin que constatar de que estas personas se encontrasen incapacitados laboralmente.
El fraude fue calificado en grado frustrado debido a que éste no se concretó porque "las identidades de los pacientes no existían legalmente", y que por lo mismo dichas licencias nunca presentaron para su tramitación.
La justicia sanciona con una pena de hasta tres años de cárcel a los profesionales que entiendan declaraciones falsas "en certificados de supervivencia, de estado civil y demás que se exigen para el otorgamiento de beneficios de previsión".
