Julio Iglesias se querellará contra vicepresidenta española por injurias y calumnias
La acción judicial apunta a declaraciones en las que Díaz aludió a presuntos abusos sexuales.
La acción judicial apunta a declaraciones en las que Díaz aludió a presuntos abusos sexuales.
El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, luego de que la autoridad rechazara retractarse de las declaraciones que realizó en relación con una denuncia por presuntos abusos sexuales presentada en su contra.
Los representantes legales de ambas partes participaron este martes en un acto de conciliación en Madrid, instancia previa a la presentación de una querella. Sin embargo, no hubo acuerdo, ya que Díaz se negó a rectificar sus dichos al considerar que no vulneraron la presunción de inocencia ni el honor del artista.
Tras el fracaso de la conciliación, la defensa de Iglesias anunció que recurrirá al Tribunal Supremo, tribunal competente para conocer la acción judicial debido a que la ministra cuenta con fuero por su condición de integrante del Ejecutivo español.
La controversia se originó a raíz de comentarios realizados por Díaz en enero pasado, luego de conocerse una denuncia presentada por dos exempleadas del cantante. En una publicación en Bluesky, la vicepresidenta escribió: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".
En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación en la que solicitó que la ministra reconociera el daño causado, rectificara públicamente sus declaraciones y lo indemnizara por los perjuicios derivados de la difusión de sus palabras. Su defensa sostuvo que Díaz emitió "claros prejuicios de culpabilidad" al referirse al caso.
La denuncia contra el artista apuntaba a presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.
No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al concluir que la justicia española carecía de competencia para investigar los hechos denunciados, ya que estos habrían ocurrido en países del Caribe.