La cantante hizo uso de su derecho a no responder emitir palabra ante un magistrado.
Su llegada y salida en tribunales españoles provocó revuelo mediático.
La cantante y ex componente del grupo Mecano, Ana Torroja, se acogió a su derecho de no declarar, en una audiencia por el caso donde se encuentra imputada por un presunto delito de fraude fiscal.
Torroja abandonó las dependencias judiciales a las que concurrió junto a su abogado, Ildefonso González-Grano de Oro, sin hacer declaraciones a la veintena de medios de comunicación congregados allí.
Ya en el exterior de los juzgados, la cantante cogió un taxi dejando atrás la nube de periodistas y cámaras que la siguieron hasta la calle para poder fotografiarla.
Durante su comparecencia, Torroja debía explicar ante un magistrado las supuestas relaciones de su empresa, Carlitos Way, con el bufete de abogados Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal.
Hacienda ha calculado una cuota presuntamente defraudada por Torroja de unos 475.000 euros en uno de los años y otra deuda de alrededor de 180.000 euros en el segundo ejercicio fiscal.
Ahora la artista tendrá que depositar, para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del caso, más de un millón de euros que le serán exigidos por el juzgado.
Cabe recordar que la investigación judicial de la denominada Operación Relámpago fue iniciada el pasado 26 de abril de 2007 por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría Herrán y Delgado Notarios de la calle Unió y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.
Durante el periodo previo al inicio de la actuación judicial, la Agencia Tributaria investigó durante varios meses la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales, las dobles ventas de solares y otra serie de ventas concretas, ya que el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.
En septiembre de ese mismo año el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca denegó la petición de prisión incondicional solicitada por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y las acusaciones particulares para el abogado Miquel Feliu, principal imputado en la Operación Relámpago, que investiga el presunto fraude en las dobles ventas de solares en Cala Llamp en Andratx (Mallorca), fraude a la Hacienda Pública, estafa y blanqueo de capitales.
