El juez Fernando Andreu detalló incluso los "sólidos indicios" sobre la responsabilidad del actual presidente, Paul Kagame, quien sin embargo goza de inmunidad por su cargo.
La Audiencia Nacional de España ordenó la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio y terrorismo, a quienes acusa de la muerte de cuatro millones de personas en la década del 90, así como de los homicidios de nueve hispanos.
El juez Fernando Andreu no pudo procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame, porque como jefe de Estado goza de inmunidad; pero existen "sólidos indicios", según la resolución, de su implicación en estos delitos de lesa humanidad.
Los españoles asesinados durante el conflicto entre hutus y tutsis eran misioneros y cooperantes de la organización Médicos del Mundo.
El magistrado cursó las órdenes de detención internacional contra los militares después de acusarlos de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de "terror" en el país "realizando horrendos crímenes" contra la población civil, la mayoría refugiados hutus ruandeses, y población congolesa, también en su mayor parte pertenecientes a esa etnia.
La estrategia de exterminio, según el juez, culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista" del Congo.
De los 22 testimonios aportados al juez se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar, como así ocurrió con los cooperantes españoles, cuya muerte se decidió en una reunión de altos mandos.
En el auto del magistrado se relata también el papel que desempeñó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en este episodio, al poner en marcha un programa de repatriación "forzosa" a partir de 1996 en los campos de refugiados del Congo, donde más de un millón de ruandeses se encontraban desplazados.
Ese programa, con el pago de 10 dólares por cada refugiado ruandés entregado, originó "una auténtica caza", añadió el documento.
Andreu destaca la visita realizada por la Alta Comisaria de Acnur Sadako Ogata, en febrero de 1997 al campo de Tingi-Tingi, donde "únicamente" ofreció socorro humanitario para los que estuvieran dispuestos a volver a su país.
El genocidio de Ruanda, en el que más de cuatro millones de personas resultaron muertas o desaparecidas, tiene ejemplos tan macabros, según consta en el auto, como el sucedido el 23 de abril de 1994, día en el que unas 2.500 personas fueron concentradas en el estadio de fútbol de Byumba, donde se les lanzó granadas desde el exterior.
Una vez rematadas por los soldados, sus cuerpos fueron enterrados en el Parque Nacional de Akagera.
Aunque el presidente Kagame goza de inmunidad de jefe de Estado, el juez Fernando Andreu deja constancia en su escrito de los "indicios racionales de criminalidad" que existen contra él como responsable del Ejército ruandés. (EFE)
