El presidente salvadoreño abre la última parte de su gobierno con la llamada "guerra contra las pandillas" como buque insignia para los comicios de 2024.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este jueves 1 de junio su cuarto año de gobernar el país con la llamada "guerra contra las pandillas" como buque insignia para buscar la reelección en los comicios de 2024 para un periodo de cinco años más, esto a pesar de los señalamientos de que viola la Constitución.
El cuarto año de Bukele ha sido marcado por algunas situaciones, que probablemente influirán en el quinto año y su aspiración a la reelección.
Primero, un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2021 dio pie a que el mandatario, que llegó al poder con el partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), anunciara su intención de buscar la reelección en 2024.
Hasta antes de la decisión de los jueces constitucionalistas, que fueron elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tras destituir a sus antecesores, un presidente debía esperar 10 años para intentar buscar nuevamente la Presidencia.
La resolución señala que para correr por un nuevo mandato, el presidente debe pedir licencia "seis meses antes del inicio del periodo presidencial". Es decir, Bukele únicamente gobernaría los primeros seis meses de su quinto año y debería apartarse de la Presidencia en enero de 2024.
Diversos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la estatal Universidad de El Salvador, han señalado que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución, como el que señala que la persona que haya ejercido la Presidencia no podrá "continuar en sus funciones ni un día más".
La elección presidencial se realizará el domingo 4 de febrero de 2024 y de ser necesario habrá un balotaje el 3 de marzo.
Bukele tomó las riendas del poder Ejecutivo en El Salvador el 1 de junio de 2019, ese año el país cerró con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes y dio continuidad a la tendencia a la baja que venía desde 2016.
La reducción de las muertes violentas se vio acentuada con la llegada de Bukele al Gobierno, que lo atribuyó por más de tres años a su plan secreto -ya que no se hizo público- "Control Territorial", pero esta dinámica se rompió en marzo de 2022.
A finales de ese mes, una escalada de homicidios atribuida a las pandillas se cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el 26 de marzo como la jornada más violenta de la historia reciente del país con 62 homicidios en 24 horas.
El día 27 de ese mes entró en vigencia un régimen de excepción aprobado por el Congreso, a petición de Bukele, y este se ha colocado como la medida más popular del mandatario y que, a juicio de analistas, es el pilar de su popularidad actualmente.
La medida ha dejado más de 69.000 detenciones, que el Gobierno de Bukele dice son todos pandilleros, y que representan más del 1% del total de la población.
Según el Gobierno, al cierre del 2022 el país tuvo una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 7,8, pero un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) pone en duda su veracidad y señala que es superior.
Son 14 ampliaciones las que el Congreso ha dado al régimen de excepción y las autoridades han manifestado que seguirán pidiendo su prórroga hasta supuestamente detener a "todos" los pandilleros.
Diversas organizaciones locales e internacionales han recibido durante los 14 meses de vigencia del régimen de excepción más de 5.000 denuncias de "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
La organización Cristosal dio a conocer recientemente que son al menos 160 personas detenidas en este régimen que han fallecido bajo custodia estatal, de lo que las autoridades no han informado ni se han pronunciado.
Portavoces de esta organización señalaron que han identificado patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes con cuerpos con laceraciones, hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación y ahorcamiento.
Entre los temas pendientes para Bukele se encuentran la situación económica y la pobreza, dado que estos índices no han tenido mejoras significativas.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Banco Central de Reserva (BCR), la pobreza se situó en el 26,6% del total de las familias salvadoreñas en 2022, mientras que en 2021 fue de 24,6%.
La pobreza extrema aumentó de un 7,8% en 2021 a 8,6% en 2022, mientras que la pobreza relativa pasó de 16,8% a 18,1%.
Por su parte, la economía del país centroamericano ha mantenido su ritmo a tasas similares de otras administraciones y no ha cumplido las expectativas del Ejecutivo de Bukele.
Según cifras del BCR, en 2022 la economía se expandió en un 2,6%, por debajo del 2,8% esperado.
Las tasas que marcan la diferencia son la caída de la economía del 7,9 % en 2020 y su alza del 10,3 % en 2021 atribuidos al cierre y apertura de las actividades por la pandemia del Covid-19.
