Al menos 500 detenidos han muerto en cárceles del país desde 2022, en medio de denuncias de torturas y falta de atención médica.
Familiares acusan que las víctimas no tenían vínculos con pandillas y que murieron sin condena ni respuestas del Estado.
A más de tres años del régimen, varios fallecimientos siguen sin explicación.
Al menos 500 personas han muerto en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
La cifra podría superar los 2 mil fallecidos, de acuerdo con la misma entidad, que sostiene que el 90 por ciento de las víctimas no tenía perfil de pandilleros.
Estas denuncias han sido presentadas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el Gobierno salvadoreño ha rechazado reiteradamente las acusaciones de torturas y muertes en prisión.
En el cantón Sisiguayo, en Jiquilisco, Miguel Ángel Vega recuerda a su hijo José Alfredo Vega González, de 28 años, detenido el 17 de mayo de 2022 y fallecido el 4 de abril de 2025 en un hospital.
El joven estaba recluido en el Centro Penal de Izalco y murió, según la versión oficial, por sepsis. Su familia, sin embargo, cuestiona las condiciones de reclusión.
"No tenemos claro de qué murió. Hay muchas preguntas", dijo su madre, Martha González, quien sospecha que la falta de agua y atención médica derivó en una insuficiencia renal que agravó su estado.
El padre sostiene que su hijo fue arrestado tras una llamada anónima y defiende su inocencia. "La autoridad me mató a mi hijo", afirmó.
En el cercano cantón Tierra Blanca, Ana Cecilia Durán también denuncia la muerte de su hijo, Jonathan Inocente González Durán, de 25 años, detenido en abril de 2022 y fallecido en un hospital de San Salvador.
La mujer asegura que el joven fue torturado tras su arresto. "Venía rajado y solo con unas puntadas (...) no traía sus riñones, ni su corazón", relató.
Según su testimonio, otro detenido le contó que policías golpeaban a su hijo y lo presionaban para entregar información sobre pandillas.
Jonathan estaba recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y murió por un sangrado en el tubo digestivo, según el Instituto de Medicina Legal.
Jonathan y José Alfredo eran trabajadores y murieron sin haber recibido sentencia judicial, mientras sus familias denuncian que ninguna institución estatal les ha entregado explicaciones sobre lo ocurrido ni detalles de los procesos que enfrentaban.
A más de tres años del inicio del régimen de excepción, los testimonios reflejan un patrón de muertes bajo custodia que, según organizaciones de derechos humanos, sigue sin ser esclarecido.
