La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves al presidente salvadoreño Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa de adoptar "medidas drásticas para cooptar las instituciones democráticas" y de auspiciar abusos durante el régimen de excepción declarado en respuesta a la violencia de las pandillas.
En su informe mundial publicado en esta jornada, la ONG aborda la situación de El Salvador y el debilitamiento de su independencia judicial, con reemplazos "sumarios" en la Corte Suprema, leyes diseñadas para dar más poder a esos jueces y al fiscal general, y la posibilidad de la reelección presidencial inmediata.
No obstante, HRW se explaya especialmente con los abusos de derechos humanos en el régimen de excepción prorrogado nueve veces desde marzo, favorecidos por reformas penales que permiten encarcelar a adolescentes a partir de los 12 años y amplían el uso de la detención provisional.
Las cifras de las autoridades sitúan en más de 60.000 los detenidos hasta diciembre, y las ONG denuncian arbitrariedad, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y faltas del debido proceso, incluyendo 2.900 reportes de violaciones de los derechos humanos.
Con la detención provisional de 54.000 personas la población carcelaria ascendió a unas 97.000, el triple de la capacidad penal, agravando unas condiciones ya deficientes en las prisiones que han conducido a 90 muertes oficiales.
HRW señala que la respuesta de las autoridades a la violencia pandillera ha oscilado habitualmente entre "negociaciones oscuras" con ellas y una "mano dura" que ha facilitado abusos, y cita al periódico El Faro para recordar que antes de que el fiscal general Raúl Melara fuera destituido, se investigaban esas negociaciones.
El diario, que opera en un "ambiente hostil" para los medios y se enfrenta a potenciales sanciones del gobierno, publicó que la ola de homicidios de marzo -que dio lugar al régimen de excepción- fue resultado de un colapso en las conversaciones entre el gobierno y la Mara Salvatrucha.
Por otra parte, la ONG señala los movimientos del gobierno que obstaculizan la transparencia y la lucha contra la corrupción, la impunidad en la que permanecen la mayoría de abusos cometidos durante la guerra civil (1980-1992) y las raras veces con que se investigan las numerosas desapariciones.
Asimismo, recoge el retraso en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas -penalizadas por la ilegalidad del aborto en todas las circunstancias- y los derechos de las personas con discapacidad, así como la violencia que afronta la comunidad LGBT.
